La preocupación del Ejecutivo valenciano por las desbocadas cuentas del sector público tiene base científica. Si la Cuenta General de 2010 difundida por la Conselleria de Hacienda ha evidenciado las dificultades para cumplir los objetivos de austeridad -el déficit presupuestario alcanzó los 2.857millones y el pendiente de pago unos 2.000 millones- menos disciplina se aprecia en las empresas públicas. A 31 de diciembre de 2010, la deuda de las mercantiles públicas avalada por la Generalitat superó los 5.000 millones de euros. Más de un tercio, en concreto, el 35% de estos préstamos no se amortizarán hasta pasado el 2.030. Es decir, dentro de viente años el Ejecutivo que en ese momento presida la Administración Valenciana tendrá que pagar a los bancos como mínimo 1.815 millones.
La empresa pública que construye los colegios -Ciegsa- es la que más necesidades de financiación ajena ha tenido este año. Acumula gracias deuda avalada por el Consell por valor de 1.523 millones. Se trata de créditos solicitados para invertir en centros docentes. Los más antiguos datan del año 2003 y en algunos casos no se amortizarán hasta el año 2034. Junto a Ciegsa, el ente público de RTVV, supera la barrera de los 1.000 millones de deuda. En el ranking de las empresas con mayor lastre ocupa el tercer lugar Ferrocarriles, que acumula 586 millones de euros, de los 120 se autorizaron el año pasado. Pese a las promesas de contención y de recortes en el sector público, a lo largo de 2010, el Consell apenas redujo el riesgo vivo avalado que tenía contraído cuando cerró 2009 y que ascendía a 5.100 millones. Durante el año autorizó avales por importe de 646 millones de euros mientras que canceló 743 millones.
No es extraño que ayer el titular de Economía, Enrique Verdeguer, insistiera en la necesidad de controlar el sector público. A preguntas de los periodistas, aseguró que el Consell apostará por ""racionalizar" el comportamiento de las empresas públicas para que su nivel de endeudamiento sea "razonable y acorde con las condiciones actuales de cada entidad".
Por su parte, la oposición en las Corts puso en solfa la gestión. Eva Martínez (PSPV) indicó que la política de grandes eventos ha sido una ruina para las arcas públicas. La portavoz de EUPV, Marga Sanz, pidió un giro progresivo en el modelo fiscal para recuperar la fiscalidad perdida mientras que Compromís indicó que los impagos demuestran que el modelo económico ha fracasado. Ricardo Costa (PP) habló de "transparencia y la austeridad".
