La peculiar situación laboral de Carlos Simón que compatibilizaba su trabajo como director del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) con su actividad en la empresa privada no ha gustado a catorce investigadores -alguno del comité científico- que firmaron un escrito que parece ser se entregó al vicepresidente del patronato, Santiago Grisolía, en el que se pasaba más de puntillas por la falta de financiación y la deficiente gestión económica, que por la singular situación de Carlos Simón.

En el escrito, que ha circulado por todos los laboratorios del centro, se exponía que la situación laboral de Simón era una traba para optar a subvenciones tan relevantes como las de los sellos Severo Ochoa a la excelencia del Ministerio de Ciencia, dotados con un millón de euros al año durante cuatro años de vigencia.

Uno de los motivos por el que desautorizaban al director científico era por su falta de dedicación, ya que según han manifestado diferentes fuentes a este periódico Simón acudía al centro dos o tres días por semana, lo que le impedía ser un director científico a tiempo completo dedicado íntegramente a la gestión científica de la institución.

La reciente convocatoria de los distintivos Severo Ochoa a la excelencia científica le volvió a poner contra las cuerdas, ya que ninguno de los equipos de investigación del centro pudo concurrir a estas suculentas ayudas por carecer él de un contrato laboral con el Centro de Investigación Príncipe Felipe, que era uno de los requisitos que se exigían en la base del concurso.

Simón no podía firmar un contrato con el CIPF porque ya lo tiene con la Universitat de València como catedrático de Obstetricia.

La solución intermedia a la que llegaron ambas instituciones para que Simón se incorporara al frente de la dirección científica es que el CIPF abonara anualmente a la Universitat de València una cantidad fija, establecida en 30.000 euros, para que la institución académica contratase a un profesor que cubriera las tareas y el horario de clases que Simón dedicaba al centro de investigación, fórmula denominada "unidad mixta".

Tras conocer que este problema burocrático les había dejado fuera de la convocatoria del Ministerio de Ciencia e Innovación, Carlos Simón declaró a Levante-EMV que se intentó buscar algún tipo de alternativa, como reemplazarle por un investigador que sí estuviera contratado por el CIPF, pero la solución no fue válida, al no poder aplicarse con carácter retroactivo.

El escrito en el que se reprueba la situación laboral de Simón, que han respaldado catorce investigadores, ha sido también otro de los detonantes que han forzado la dimisión en cadena del Comité Científico en primer lugar y del director, a continuación.

Por otra parte, algunas fuentes consultada por este periódico han criticado los elevados sueldos que perciben tanto el director general del centro, Rubén Moreno, como el gerente de la institución, Carlos Pérez, en unos momentos financieros tan graves.

Moreno, que ha sido adversario acérrimo de Carlos Simón -éste le sustituyó al frente de la institución-, anunció ayer después de más de dos años de silencio que "tras los hechos acaecidos (las dimisiones) se va a convocar una reunión extraordinaria del patronato para establecer las futuras líneas a seguir por el centro".