El Defensor del Pueblo valenciano reclama el derecho de los alumnos a seguir escolarizados en valenciano en la educación secundaria, si así lo desean, y aboga, además, por «universalizar» la educación infantil con una red de centros escolares «suficiente». José Cholbi expresa en su informe entregado ayer al presidente de las Corts, Juan Cotino, que comparte la preocupación de padres, sindicatos y alumnos por la reducción de líneas de valenciano en ESO. La educación generó 613 quejas en 2010, más del triple de las 199 presentadas un año antes. En 2008, fueron 169 las reclamaciones de ciudadanos que se sintieron perjudicados en sus derechos educativos.
La institución agrega que el grado de aceptación de las recomendaciones por parte de la administración educativa ha sido «muy elevado», ya que, de 13 recomendaciones dictadas en 2010, todas ellas han sido aceptadas. El informe recuerda que el sistema educativo valenciano se articula «partiendo de la premisa de que, al finalizar la escolarización obligatoria, los alumnos deben saber utilizar, tanto escrito como oralmente, las dos lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana».
El Síndic de Greuges, con la «plena convicción de que este mandato estatuario enriquece social y culturalmente a las personas», comparte la preocupación de padres de alumnos y de asociaciones sindicales o de alumnos individualmente, por la educación en valenciano y «por la posible reducción en centros de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos sostenidos con fondos públicos de programas de enseñanza en valenciano».
El Síndic defiende también que el profesorado «tenga los suficientes conocimientos de valenciano para impartir sus clases en valenciano». El documento alude también al aumento progresivo de la demanda de plazas escolares de Educación Infantil, sobre lo que manifiesta: «Aun cuando la administración no está obligada legalmente a aumentar el número de plazas de este nivel educativo, por ser, precisamente, voluntario (aunque gratuito), el Síndic de Greuges viene haciendo, al igual que en ejercicios anteriores, una reflexión sobre el particular, por entender que esta nueva realidad requiere el compromiso de la administración para la adopción de medidas necesarias para universalizar esta etapa educativa, elevando a la categoría de finalidad primordial la creación de una red suficiente de puestos escolares que permita compaginar la vida laboral y familiar, sobre todo, a las mujeres».
Contra los barracones
«La ubicación en instalaciones provisionales coloca a los alumnos en una situación de provisionalidad que no puede ser amparada por el Síndic», asevera en otro momento. En cuanto al uso del valenciano, el informe resalta que las quejas presentadas en 2010 han sido 2.045, cantidad «muy superior» a las presentadas en los años anteriores (74 quejas en 2009; 119 quejas en 2008 y 96 quejas en 2007), lo que es debido al hecho de que han sido numerosas las quejas colectivas planteadas, fundamentalmente, a través de Internet, «sin que ello suponga que esta institución considere que dicho incremento se deba a la existencia de un conflicto lingüístico», aclara. La mayoría de las quejas examinadas en 2010, detalla, vienen referidas a la discriminación del valenciano en las páginas web institucionales, y en las que el Síndic de Greuges, en ocasiones, «no tiene más remedio que dar por admitidos los argumentos esgrimidos, sobre todo, por alcaldes de pequeños ayuntamientos en los que señalan la imposibilidad, en la actual coyuntura económica, de disponer de página web institucional bilingüe».
Infraestructuras y Dependiencia
Por materias, las protestas referidas a infraestructuras y transportes se llevaron la palma, 2.212, el 24% del total; seguidas de la discriminación del valenciano, 2.045, el 22%; la ley de la Dependencia, 1.541, el 16%; los problemas relativos al urbanismo y el acceso a la vivienda, 1.424, el 15%; la enseñanza, con 613, el 6%; los servicios de los ayuntamientos, 338, el 4%; y la sanidad, con 290 reclamaciones, el 3%.
