El empresario ilicitano Ramón Salvador contrató al despacho Salvetti, cuyos socios son José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, y el exedil socialista Javier Gutiérrez para presentar una alegación contra la revisión del PGOU que cambiaba el uso de unas propiedades de urbanas a rústicas. Además, ambas partes firmaron un contrato por el que si Salvetti conseguía un aumento de la edificabilidad prevista en el planeamiento de 1987, Salvador le pagaba 30 euros por metro cuadrado.

El informe policial de la pieza separada del caso Brugal relativa al PGOU de Alicante contiene un contrato firmado por Ramón Salvador, uno de los socios de la empresa Imagen Urbana –propietaria de los terrenos–, y Salvetti, por el que los abogados se comprometen a presentar una alegación contra la revisión del planeamiento.

La alegación fue estimada y se declararon las parcelas como urbanas, aunque sujetas a una actuación integrada y al carecer de las condiciones adecuadas de urbanización, según la LUV, pasa a ser considerada como solar.

En concreto, el objeto de la alegación era que en la revisión del plan se cambió a rústico el uso de unos terrenos, situados en el llamado Pla de Xirau, reconocidos como urbanos (UBA) en el Plan General de 1987. La finalidad, según el informe, es que las parcelas fueran «reclasificadas urbanas, recuperando su clasificación y consideración anterior a la exposición pública del plan revisado».

Para ello, contrata a Salvetti como «especialistas asesores en contactos y negociaciones con la administración pública», todo ello «a cambio de una remuneración establecida en 100.000 euros más IVA». Además, añade «unos honorarios de éxito, que se materializarán una vez que las fincas sean consideradas nuevamente de suelo urbano en el PGOU».

La cuantía establecida en el contrato, clasificado como «confidencial», será de «igual a la cantidad que resulte de multiplicar 30 euros por cada metro cuadrado de techo que atendiendo a los parámetros del nuevo Plan General exceda del Aprovechamiento que le correspondía a la mercantil Imagen Valenciana, S. L., según las determinaciones del Plan General de 1987». «Es decir, se recibirán 30 euros por cada metro cuadrado de techo que exceda de los 55.888,54 metros cuadrados de techo que ya tenía el sector».

Además, según añade el informe, el importe de la presente minuta se elevó a «la cantidad total 116.000 euros que se podrán hacer efectivos mediante pago en metálico, talón bancario o mediante transferencia».

Según la policía, en «las bases de datos de la Agencia Tributaria constan dos ingresos a Salvetti Abogados en el año 2009 por parte de dos sociedades vinculadas a Ramón Salvador» y que «ambos ingresos son por la cantidad cada uno de ellos de 58.000 euros».

Así, en otra de las partes del sumario reveladas anteriormente, se refleja una conversación entre Ortiz y Salvador en la que Ortiz asegura que el PGOU lo redacta «un equipo de Javier Gutiérrez».

Ortiz le pregunta a Salvador si se ha ocupado de hablar con Gutiérrez para que «metan» los terrenos del Pla de Xirau en el PGOU, a lo que Salvador contesta que «claro». «Pues entonces estará metido», responde Ortiz. Finalmente, Salvador confirma «el compromiso que contrajo con él el señor Gutiérrez».