Varapalo del Síndic de Greuges, José Cholbi, al Consell por la gestión de las ayudas a la ley de la Dependencia. Hace una semana el nuevo conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, llegaba a sacar pecho en las Corts por la gestión de estas prestaciones. Ayer, el Defensor del Pueblo valenciano entregó a las Corts el informe anual correspondiente a 2010 en el que deja en evidencia la gestión del Ejecutivo en esta materia, hasta el extremo de recordar que, «casi cuatro años después» de la queja de oficio que abrió, las recomendaciones «siguen todas teniendo la misma vigencia». Cholbi incluye a la entonces Conselleria de Bienestar Social, dirigida ese año por Angélica Such, en su lista negra de instituciones menos colaboradoras —aunque sin la consideración de hostiles— precisamente por no aceptar sus resoluciones instando a que se reconozcan las ayudas que hubieran correspondido a las personas dependientes, desde el día siguiente al de la solicitud hasta la fecha de su fallecimiento.
Igualmente, Bienestar Social no ha aceptado las recomendaciones para que se reconozcan las prestaciones con efectos retroactivos desde la solicitud y para que se flexibilice el régimen de incompatibilidades. Respecto a las personas que fallecieron sin llegar a cobrar la ayuda, el tirón de orejas al Consell es claro. Desde finales de 2009 la conselleria alega, refiere el Síndic, que «sigue a la espera» de que en «una próxima reunión» del Consejo Territorial del Sistema para la Dependencia se fije un criterio común para todas las autonomías, pero Cholbi recalca que ha transcurrido «más de un año hasta 2010» y no tiene constancia de acuerdo alguno en el citado órgano. Acto seguido, enfatiza por contra que en «la mayoría de los casos la tramitación de los expedientes de estas personas fallecidas superaba ampliamente los plazos establecidos por la ley, sin que mediara demora alguna o culpa de los interesados», por lo que insta al Consell a reconocer estas prestaciones.
En otro momento, el Defensor confiesa que «desconoce los criterios que se aplican en el orden de incoación de los expedientes, que determinan, sin motivación aparente, un horizonte temporal muy desigual en la tramitación de los mismos, lo cual ha generado en las personas en situación de dependencia una inseguridad jurídica en muchos casos desesperante». Respecto al reconocimiento de la ayuda desde el día de la solicitud, el Consell sólo acepta pagar desde la aprobación del Programa Individual de Atención, al considerar que los beneficiarios no habían podido acreditar que ya realizaban el servicio con anterioridad. El Síndic, en cambio, rechaza los criterios exigidos para aceptar esa acreditación, ya que en la «totalidad de las quejas» los informes social y médico avalaban que la persona necesitaba la ayuda desde antes de la solicitud.
Cholbi, quien insta al Consell a «incrementar los esfuerzos», afirma a que hay muchas personas que, tras esperar más de tres años, todavía no han empezado a cobrar. Pide más medios ante las «dificultades», dice, de la conselleria para «cumplir con su deber». No en balde, recalca el incremento de quejas en 2010, al sumar 1.541 frente a las 948 de 2009. En 2008 fueron 1.864. En total, la friolera de 4.353 reclamaciones acumuladas.
Educación para la Ciudadanía
Ademas de Bienestar Social, en la lista negra aparecen también, entre las administraciones que no aceptaron sus recomendaciones aunque motivaron su discrepancia (por lo que no las considera hostiles, categoría reservada a los que no contestan o rechazan sin motivar sus resoluciones), la Conselleria de Educación y la de Sanidad, así como cuatro ayuntamientos que tenían alcalde del PP en 2010: Alicante (que dirige Sonia Castedo), La Vila Joiosa (Jaime Lloret), Alcoi (Jorge Sedano) y Mislata (Manuel Corredera). Educación figura por no reconocer como servicios prestados, a efectos de la bolsa de trabajo de profesores de ESO de Geografía e Historia, las clases impartidas de Educación para la Ciudadanía. En la lista de honor por su colaboración con el Síndic figuran las cinco universidades valencianas.
En 2010, las quejas con apertura de expediente se dispararon al pasar de las 3.647 de 2009 a 9.504, un incremento del 160,6%, un dato que el Síndic atribuye a la mayor confianza en la institución pero también a la crisis y al uso de Internet para presentar reclamaciones. Además, se atendieron 11.742 consultas, un 76% más que en 2009 (6.662), y se abrieron 21 quejas de oficio. De las 1.368 resoluciones, las Administraciones aceptaron 1.013 (el 75%), mientras que de las 4.913 quejas cerradas en 2010 el 82,5% se resolvieron a favor del ciudadano. Por provincias, Alicante, donde está la sede del Síndic, concentró el 74% de quejas (2.414), cuando en 2009 representaba el 46%; Valencia, el 20% (645), y Castelló, el 6% (186).
