El demoledor análisis del Síndic de Greuges, José Cholbi, sobre la gestión del Consell en 2010 de las ayudas de la Ley de la Dependencia llevó ayer al conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, a anunciar que remitirá una carta al Defensor del Pueblo valenciano para pedirle una reunión en Alicante —sede de la institución— con el fin de aclararle que a lo largo de 2011 los motivos que sustentaban las quejas «ya están resueltos», según explicó el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez. Éste enfatizó que en marzo la conselleria cambió la normativa para asumir la retroactividad en el reconocimiento de las ayudas a los dependientes desde el momento de la solicitud, incluidos los casos de personas fallecidas. Una medida que tendrá un coste de 80 millones que asumirán a lo lardo de los próximos cuatro años.
En su informe anual correspondiente a 2010, el Síndic coloca en su lista negra a la anterior Conselleria de Bienestar Social por no aceptar sus recomendaciones en las que instaba a reconocer la paga al cuidador del dependiente con carácter retroactivo desde la solicitud, incluidos los casos en que los dependientes hubieran fallecido, y para permitir que en algunos supuestos estas ayudas sean compatibles con el centro de día. Martínez explicó que el Defensor se refiere a las quejas hasta 2010 pero recalcó que a partir de 2011 se ha dado un «apretón» al desarrollo de la Ley de Dependencia.
Hasta marzo, el Consell sólo reconocía las ayudas a partir de la resolución del expediente en adelante, salvo que se acreditaran gastos por cuidador, por ejemplo, con altas de la Seguridad Social, en cuyo caso se reconocían atrasos. El cambio normativo, explicó Martínez, supone que si el dependiente ya tiene reconocida la condición y aprobado el Plan Individualizado de Atención, se le abona la ayuda desde el día en que la solicitó. También en los casos de fallecimiento y hasta el día en que la persona murió. «Se les considera como si estuvieran vivos, reconociéndoles la ayuda desde la petición, sólo que el expediente se interrumpe con el fallecimiento», explicó Martínez. Además, se ha reducido de nueve a seis meses el plazo máximo de resolución de expedientes con la aplicación del silencio administrativo positivo, de forma que si se excede ese tiempo sin resolver, la persona ve reconocido el derecho, también en los casos de fallecimiento.
EU: «Deben pedir disculpas»
El secretario autonómico también señaló que la C. Valenciana se ha equiparado a las «cuatro o cinco» autonomías, entre ellas Andalucía y Cataluña, que permiten en algunos casos la compatibilidad de la paga del cuidador y el centro de día. Martínez resaltó que actualmente se ha atendido el 72,6% de las peticiones de dependientes graves y severos, y subrayó que este año la Dependencia va a suponer 480 millones.
Por su parte, la diputada de EU Esther López, instó a Cabré a pedir disculpas a los ciudadanos, «en nombre de la exconsellera Angélica Such», ante las «catastróficas» conclusiones del informe del Síndic sobre la Dependencia.
El Defensor insta a las Administraciones a evitar que se vendan viviendas sin urbanizar
El informe anual del Síndic de Greuges sigue alertando de los problemas en el urbanismo valenciano a pesar de la caída de los PAI. Con la crisis se han acentuado los casos de urbanizaciones sin concluir por los problemas de las empresas promotoras, lo que impide a los ayuntamientos su recepción plena. Esta circunstancia, explica el Defensor valenciano, aboca a los vecinos a «una auténtica situación de desesperación e indefensión que les impide disfrutar de una vivienda digna». El Síndic alude en concreto a «los problemas que padecen las personas que compran de buena fe una vivienda sin estar finalizada la urbanización de las calles, la instalación del suministro eléctrico, el abastecimiento de agua potable o las infraestructuras de recogida de aguas residuales y pluviales». Acto seguido, advierte: «Las Administraciones urbanísticas valencianas deben evitar que algunos constructores, urbanizadores o promotores puedan vender viviendas sin urbanizar a terceras personas de buena fe, quienes las adquieren ante notario creyendo que pueden ser inmediatamente ocupadas y que cuentan con todos los servicios de urbanización».
