La consellera de Presidencia, Paula Sánchez de León, ha anunciado en su comparecencia de esta mañana en las Corts la intención del Consell de poner en marcha una página web que permita al ciudadano participar activamente en la vida política de la Comunitat Valenciana.
El proyecto, que no es nuevo, pretende dar a conocer los planes que tiene el Consell, así como permitir al ciudadano votar las leyes y los proyectos, al igual que hacen los diputados en las Corts. Entre los usos que tendrá esta plataforma, la consellera ha anunciado la intención de hacer públicos datos sobre contratación, convenios, presupuestos, o los contratos programa y la agenda de los altos cargos.
Sánchez de León se ha referido al Contrato Programa anunciado por el Consell como "ejemplo del compromiso del Consell con la transparencia". Así, ha anunciado que ese conjunto de objetivos que los altos cargos deberán asumir ante la sociedad "será público, tendrá una vigencia de cuatro años coincidiendo con la legislatura y se analizará cada seis meses bajo criterios de rendimiento".
La plataforma también permitirá hacer llegar a la Administración sus sugerencias y opiniones. Así mismo, desde la web se preguntará al ciudadano sobre la calidad de la enseñanza o la atención dispensada en un centro de salud. En este sentido, De León anuncia "una Administración que aproveche el potencial de las redes sociales", de las que asegura que tienen "un potencial al que no podemos rechazar".
La consellera parece haber olvidado que en febrero tuvo que cerrar los foros de su página en Facebook para evitar las críticas después de que un ciudadano iniciara el debate sorbe RTVV.
La que fuera portavoz del Consell con Francisco Camps ha destacado que la "participación ciudadana es una inquietud que se materializará en el portal web, un proyecto vivo y dinámico". El Consell buscará para este proyecto el acuerdo y respaldo de la oposición.
La Comunitat Valenciana se encuentra a la cola en proyectos de lo que se conoce como Administración Abierta (Open Government, en inglés) y que pretende poner al alcance de los ciudadanos todos aquellos datos que, aunque públicos, se encuentran en manos de las administraciones y son inaccesibles para el ciudadano de a pié. Esto incluye desde ficheros y archivos de consulta pública, hasta datos meteorológicos, medioambientales, económicos, etc.
En España, la legislatura que ahora termina se deja en el cajón la tramitación de un Proyecto de Ley que regulara y obligara a todas las administraciones públicas a mantener criterios de transparencia con el ciudadano. Cataluña y el País Vasco lideran, entre las autonomías, este tipo de proyectos en España.
