El nombramiento como directora territorial de Urbanismo en Alicante de Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, implicado en la rama del caso Brugal sobre presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General alicantino, no sólo no es estético para el PSPV, sino que además fue "irregular". El portavoz socialista de Función Pública en las Corts, Rafael Rubio, denunció ayer que, según la relación de puestos de trabajo (RPT) del Consell, la plaza que ocupa la hija de Alperi es de "libre designación" (nombramiento discrecional entre funcionarios de un determinado nivel) pero reservada a los empleados públicos de la Generalitat. Díaz tiene su plaza en el Ayuntamiento de Alicante.

Rubio, quien ha formulado una pregunta al Consell, explicó que, para vestir legalmente el nombramiento, la conselleria previamente debió aprobar una comisión de servicios en favor de la hija de Alperi para, acto seguido, nombrarla, obviando el procedimiento para cubrir puestos de libre designación. Este obliga a una convocatoria reservada a los funcionarios de la Generalitat que reúnan los requisitos, entre los que la conselleria designa a quien considera oportuno.

El proceso desnaturaliza las previsiones de la RPT, según Rubio. No hubiera sucedido lo mismo en una plaza inferior, como Jefe de Servicio de Urbanismo o de Vivienda, ya que ahí la RPT sí especifica que pueden aspirar funcionarios de otras administraciones. Con todo, su situación es temporal, ya que, según la ley, las comisiones de servicio tienen un plazo de seis meses. Antes de esa fecha, la conselleria debe convocar el procedimiento de libre designación. En su plaza, cobra 3.639 euros brutos al mes. "Fue un traje a medida", aseguró Rubio, quien se preguntó si entre "los cientos de técnicos del Consell no había ninguno con capacidad para ese puesto".

"La hija del presunto amañador"

Paralelamente, el líder del PSPV, Jorge Alarte, se preguntó si Elisa Díaz será la encargada de redactar el informe de aprobación del PGOU de Alicante por la Comisión Territorial de Urbanismo. "Piensa Fabra, con un dictamen de la hija de Díaz Alperi, aprobar el PGOU", cuando es la "hija del presunto amañador" del planeamiento, se preguntó. Alarte, quien instó a paralizar el plan alicantino, hizo "responsable político" al presidente Alberto Fabra de su aprobación.

Fabra defendió ayer en RNE que la paralización del PGOU de Alicante por el caso Brugal "debe dictaminarla el juez". "Hay que dejar de trabajar a los magistrados", recalcó Fabra, quien garantizó que el Consell va a "facilitar toda la documentación que precisen para que los jueces determinen qué sucede". "Hasta entonces, presunción de inocencia", dijo.