El Consell que preside Alberto Fabra aprobó ayer sendos decretos destinados a meter en cintura al sector público valenciano y que contiene medidas extraordinarias como la posibilidad de bloquear la actividad de aquellas sociedades deficitarias que gestionen inadecuadamente sus recursos o no paguen a sus proveedores. Sin embargo, el compromiso del Ejecutivo de sanear las 75 firmas y fundaciones públicas de la Generalitat se selló en la misma reunión plenaria en la que se evidenció el lastre que el mastodóntico sector público supone día a día para las cuentas públicas. Así, el Consell acordó avalar operaciones de endeudamiento por nada menos que 900 millones para Ciegsa.

La empresa que construye los colegios consigue así otra inyección de fondos para "cubrir las necesidades de financiación". Esta mercantil es una de las firmas cuyos números rojos son más elevados. El último año auditado, el de 2010, cerró el ejercicio con 55 millones en pérdidas y una deuda de 1.717 millones con los bancos. La firma se encuentra en proceso de reconversión y se plantea que pueda adjudicar otro tipo de infraestructuras, ya que las escolares son cada vez menores.

Sea cual sea su futuro, Ciegsa será una de las empresas que se verá afectada por las medidas acordadas ayer en el Consell: el Decreto Ley de Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fudacional y el decreto de creación de la Corporación Pública Empresarial Valenciana. El titular de Economía e Industria, Enrique Verdeguer, compareció ante la prensa para explicar las medidas previstas, muchas de ellas ya avanzadas por Levante-EMV, como las que afectan al capítulo de personal. Así, el Consell da un plazo de seis meses para que los salarios de los directivos se igualen al de los altos cargos de la Generalitat y se ponga fin a los contratos blindados. También, como contó este diario, no podrán contratar asesores. Verdeguer evitó ayer hablar de despidos, si bien dejó claro que todos los capítulos de gasto, incluido el de personal será revisado.

El decreto que regula el sector público, el primero de esta naturaleza que se aprueba en España según el conseller, incluye iniciativas excepcionales cuando las empresas no logren controlar sus números rojos, si bien no fija plazos sobre el saneamiento del sector. Tampoco a priori se habla de reducir el número de firmas. Según Verdeguer la corporación pública empresarial, que entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y que estará en pleno funcionamiento en cuatro meses, será la encargada de analizar una por una las empresas y en su caso, proponer si es necesario o no alguna extinción o fusión. No se descarta ni si quiera la posibilidad de vender acciones.

Sobre el papel, Economía está dispuesta a apretar las tuercas de un sector que consume al año 2.600 millones de euros (100 millones cuestan las fundaciones); emplea a más de 11.000 personas y acumula una deuda de 5.000 millones. Para enderezar esta situación en el caso de "niveles excesivos de pérdidas o necesidades de financiación" se contempla la obligación de presentar informes sobre las causas de desequilibrio y planes de saneamiento. Además, deberán presentar con carácter trimestral información sobre su situación financiera. Por otro lado, se introduce la figura del "auditor interno o comité de auditoría". Si estas medidas "se muestran insuficientes", se prevén decisiones extraordinarias como el sistema de control previo por las Intervención General (a diferencia de la Administración, el gasto de las empresas es fiscalizado a posteriori y no a priori) o incluso la necesidad de pedir autorización para celebrar cualquier tipo de contrato.

El retraso en los pagos a proveedores también será penalizado hasta el punto que la actividad de una empresa quedará paralizada hasta que no se apruebe un plan de pago. Si se incumple se podrán congelar las inversiones y la conselleria a la que esté adscrito el organismo deberá paliar su deuda con cargo a su presupuesto. Según Economía el decreto "establece como prioridad par cualquier conselleria y ente público el pago a proveedores, siempre que las condiciones financieras lo permitan por encima de cualquier otro gasto".