El investigador histórico Policarpo Sánchez, especialista en patrimonio incautado, denuncia que la Generalitat catalana ha retirado del Archivo Nacional de Salamanca documentos de ciudadanos valencianos requisados en Cataluña durante la Guerra Civil. El experto advierte de posibles irregularidades, ya que también han salido de Salamanca papeles interceptados por las tropas nacionales en municipios de la Comunitat Valenciana.
El Parlamento español aprobó en noviembre de 2005 la ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados durante la Guerra Civil, que han permanecido custodiados en el Archivo General. Tras la aprobación de la ley, representantes de las administraciones central y autonómica constituyeron una comisión mixta para analizar la documentación y trasladar al Archivo de Cataluña los papeles interceptados en esa comunidad.
El investigador Policarpio Sánchez, que ha buceado durante 11 años en los archivos de la Guerra Civil almacenados en Salamanca, advierte de las posibles irregularidades que se están cometiendo. Al amparo de la ley, se está entregando documentación de madrileños, aragoneses, asturianos o valencianos a los que se incautó la documentación en Cataluña pero que no tienen ningún vínculo con esa comunidad. El historiador recuerda que miles de republicanos de toda España "buscaron refugio en Cataluña porque sus regiones habían sido ocupadas por las tropas nacionales y Barcelona se convirtió en puerto de salida para emigrar hacia Europa".
El gobierno de la República se trasladó de Valencia a Barcelona en octubre 1937. Con él, las centrales sindicales y de los partidos políticos. Según Policarpo Sánchez, "los valencianos que se trasladaron a Cataluña fueron en su mayoría personas vinculadas al gobierno republicano y a las organizaciones políticas y sindicales".
El experto en la Guerra Civil ha constatado que entre los archivos que han salido de Salamanca hay abundante documentación de valencianos y, en algunos casos, no está acreditado que fuera requisada en Cataluña. Son los casos de los carnés de la CNT de Mónica Salas, vecina de Geldo, del valenciano Alejandro Mas o el alicantino Tomás Torregrosa.
La situación se agrava porque, según el investigador, la Generalitat pretende recuperar documentación catalana incautada en suelo valenciano. Es el caso de unos libros de actas de sindicatos requisados en registros practicados en Vinaròs. Sánchez entiende que se está vulnerando la ley, que señala que sólo se restituirán los papeles que se interceptaron en Cataluña.
Tras la denuncia de este investigador, los gobiernos de Asturias y Aragón han pedido al Ministerio de Cultura el retorno de su documentación. Policarpo Sánchez entiende que la Generalitat valenciana "debería también tomar medidas urgentes contra el expolio". Critica que "se está rompiendo la unidad de los archivos de las entidades políticasy sindicales de ámbito estatal, fraccionándolos artificialmente al objeto de crear un archivo catalán, que nunca existió. Descuartizan el patrimonio cultural de todos los españoles por intereses partidistas y por acuerdos políticos con los partidos nacionalistas catalanes".
