En unos días se cumplirá un año desde que el PSPV presentara una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la Conselleria de Solidaridad por presuntamente permitir la compra de pisos con dinero de cooperación. Días después, Compromís hizo lo mismo y aportó centenares de documentos sobre una presunta trama auspiciada por la Conselleria que dirigía Rafael Blasco y que desviaba dinero para proyectos en el Tercer Mundo a empresas afines.
En la actualidad, el fiscal Jesús Carrasco tiene dos líneas de investigación abiertas, una por la supuesta compra de pisos y otra por la presunta trama de ONG y empresas afines. Según ha podido saber este periódico, el Ministerio Público ha llamado a declarar a varias personas relacionadas con la investigación.
Cuando se cumpla un año el fiscal deberá decidir si continúa con las pesquisas o si, por el contrario, archiva la causa. Hace seis meses ya tenía que haberse pronunciado y lo que hizo es continuar con las indagaciones.
En ambas diligencias abiertas, así como en la investigación que ha abierto el Tribunal de Cuentas, hay un nexo común. Este es la empresa Gestiones e Iniciativas Arcmed. Esta firma realizó trabajos de asesoramiento a las ONG de la trama denunciada por Compromís y un estudio a Cyes, la fundación que llevó a la fiscalía el PSPV. Esta firma estaba administrada hasta el pasado mes de abril por Alfonso Navarro Torres, uno de los fundadores de la ONG que, según Compromís, dirigía la red.
