Si el principio de "un político, un sueldo" defendido el sábado por el candidato socialista a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, llegase a aplicarse con todas sus consecuencias, sus señorías verían notablemente mermado su poder adquisitivo. Uno de cada cuatro diputados de las Corts Valencianes perciben dinero público por el desempeño de más de un cargo. En el Congreso, son siete los valencianos que compatibilizan las funciones parlamentarias con sus obligaciones municipales en razón de su puesto de concejal o alcalde. Y en el Senado, dos los que están en estas circunstancias: los alcaldes de l'Eliana, Josep Maria Àngel (PSPV), y Altea, Miguel Ortiz (PP).

No se llama salario, pero consideración legal al margen, el caso es que esos abonos van a la cuenta corriente del político. En Algunos casos, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la nómina es municipal y las dietas por asistencia a plenos y comisiones son parlamentarias. En otros, como la alcaldesa de Quart, Carmen Martínez, el salario es de la Cámara Autonómica, donde ocupa puesto de secretaria en la Mesa, y en su consistorio percibe los extras por su actividad en la vida municipal. Cada cual elige de dónde percibe el sueldo, según sus intereses. Suelen optar por el de mayor cuantía. En casos como el alcalde de Vilafranca y presidente del PSPV, Òscar Tena, ni que decir tiene que cobra de las Corts. La inmensa mayoría de las veces en las que un parlamentario compatibiliza más de una vía de ingresos públicos, la segunda ocupación tiene que ver con su condición de concejales o alcaldes. En esas están los socialistas Vicent Arques, Ana Barceló, Ferran Verdú, Pilar Sarrión, Susana Ros o Joan Calabuig, todos ellos miembros de las corporaciones municipales de sus respectivos ayuntamientos. También los populares Sonia Castedo, Jorge Bellver, María José Català, César Sánchez, Adela Pedrosa o Marta Torrado. El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, compagina esa responsabilidad y la de alcalde de Xàtiva con su condición de diputado en las Corts.

Dietas exentas de recortes

El diputado autonómico del PP José Marí es abogado del Estado y cobra dietas por su labor parlamentaria. Lo mismo que su compañera de grupo, la exconsellera Alicia de Miguel, que volvió al ejercicio profesional de la medicina en un hospital público y también percibe los extras parlamentarios.

Las dietas por asistencia a plenos y comisiones o por kilometraje quedaron exentas de las reducciones que, en junio de 2010, se aplicaron a los sueldos de los políticos en consonancia con la rebaja del salario de los funcionarios. Las dietas son, en este sentido, más ventajosas que el salario estricto.