El concejal de Urbanismo de Valencia y diputado autonómico, Jorge Bellver, aseguró al tribunal que lo juzga desde ayer por prevaricación que desconocía que el Jardín de Monforte estuviera protegido. Bellver se enfrenta a ocho años y medio de inhabilitación por autorizar las obras del aparcamiento del Jardín de Monforte sin el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio. El concejal se escudó en los técnicos e insistió en que no había "ni un solo problema". En el caso también están acusados el secretario municipal Pedro García y los técnicos Juan Casañ, Juan Antonio Altés y María José Gasull. Los cuatro funcionarios negaron haber recibido presiones de Bellver o del Ayuntamiento de Valencia para agilizar el expediente y coincidieron en que consideran que no hacía falta el informe de Patrimonio.

Según el fiscal, el permiso de Patrimonio que los cinco procesados obviaron era necesario porque el Jardín de Monforte está declarado Bien de Interés Cultural -BIC- desde la década de los noventa. El fiscal y el juez que instruyó el caso llegaron a la conclusión de que los imputados eran conscientes de de que obraban de forma irregular -hecho que castiga el delito de cohecho- porque en otros expedientes de actuaciones similares sí que se pidió la autorización a la Conselleria de Cultura. El ejemplo más claro, según el fiscal y el juez instructor, son las obras de la Clínica Quirón, que están en el mismo entorno BIC.

El concejal explicó que rubricó la aprobación del proyecto el 24 de junio de 2004 sin que los técnicos le advirtieran de que había que pedir ningún informe a Cultura. El edil insistió en que se limitaba a firmar los informes favorables que le remitían los técnicos municipales. "Yo estampo mi firma a nueve mil resoluciones al año y busco la garantía de que todo esté bien. Todos los informes de todas las áreas que intervinieron en el expediente eran favorables y si el secretario pone su firma yo estampo la mía. Firmé porque no había ni un solo problema".

El concejal añadió que la construcción del aparcamiento fue acordada por todos los grupos municipales en la Comisión de Urbanismo y que "la única discusión fue por el número de plazas. Nadie puso ninguna objeción".

El fiscal trató de hacer ver durante su interrogatorio que Bellver sí que sabía que el informe de Patrimonio era necesario por el precedente de la ampliación de la Clínica Quirón. Bellver apuntó que no recordaba exactamente otros expedientes y reiteró que desconocía que el Jardín de Monforte estuviera protegido.

Los cuatro funcionarios que declararon como acusados respaldaron la versión de Jorge Bellver. El secretario municipal Pedro García Rabasa admitió que sí sabía que el Jardín de Monforte estaba protegido. García Rabasa -como el resto de imputados- defendió que "esa protección no afecta al subsuelo y por tanto no era necesario pedir el informe de Cultura para construir el aparcamiento. El secretario municipal indicó que en el caso de las obras de la clínica Quirón sí que se solicitó el informe porque "era una construcción en altura".

Dos rampas y una escalera

Pedro García Rabasa reiteró que en su opinión las obras del aparcamiento eran subterráneas porque solo se ven desde la superficie las rampas y una escalera. El secretario aseguró que el Ayuntamiento de Valencia cumple las normas. "La táctica del ayuntamiento nunca ha sido la de desobedecer. A veces hemos cometido errores y los hemos corregido", declaró al tribunal García Rabasa. El técnico puntualizó que la única intervención de Bellver en el expediente "fue la de firmar la resolución".

El secretario municipal destacó que el ayuntamiento "no tenía ningún interés en no pedir el informe de Cultura". A preguntas de si fue presionado, Rabasa subrayó que "jamás" ha recibido instrucciones para agilizar algún expediente de forma irregular. Además, precisó que la autorización de Patrimonio es un trámite más ya que "la Conselleria de Cultura nunca ha denegado ninguna autorización de un aparcamiento". "El expediente pasó como uno más. Nadie indicó que se estuviera haciendo mal. Ningún funcionario ni ningún grupo político advirtió nada", concluyó.

María José Gasull, aparejadora del servicio de Planeamiento, declaró que hizo el informe del aparcamiento y pensó que no había problemas. La aparejadora alegó que no era competencia suya alertar sobre la necesidad del informe de Patrimonio y coincidió con el resto de acusados en que Jorge Bellver no le hizo ninguna indicación.

Juan Antonio Altés, director del área de Planeamiento, insistió en que no hubo ninguna irregularidad. "La protección corresponde al jardín. El entorno -que es donde está situado el aparcamiento- no estaba protegido", sentenció.

Diez testigos

La Fiscalía inició la investigación contra Bellver tras recibir una denuncia de la asociación de vecinos Cercle Obert de Benicalap. El colectivo vecinal reacción después de que el Ayuntamiento de Valencia decidiera derribar parte del muro que protege al Jardín de Monforte para sustituirlo por una verja de hierro alegando la necesidad de la aireación de las especies arbóreas. El nivel freático obligó a las empresas constructoras a envolver el garaje en un cajón que provoca la humedad en el jardín y ocasiona serios daños en las plantas. Cercle Obert descubrió en ese momento que para la construcción no se había pedido el informe de Patrimonio. El juicio continuará hoy con la declaración de diez testigos.