El director, el administrador y un médico de la residencia de ancianos de Massamagrell donde en 2006 se produjo un incendio en el que fallecieron cinco internos han aceptado hoy sendas penas de un año y medio de prisión por cinco homicidios imprudentes, con las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño.

Además, el propietario del centro -padre del administrador- ha aceptado por su parte una multa de 540 euros por cinco faltas de imprudencia, mientras que una enfermera a la que imputaban las acusaciones particulares, que no el fiscal, ha resultado absuelta.

El juicio por estos hechos celebrado hoy en el Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia se ha resuelto con la conformidad de las partes, después de que los procesados hayan reconocido los hechos y las familias de las víctimas hayan recibido indemnizaciones de "hasta 90.000 euros", ha concretado una de las defensas.

El comienzo de la vista estaba previsto para ayer, tras dos suspensiones anteriores, ambas en 2009, pero quedó aplazado hasta esta mañana con el fin de que las partes alcanzaran una conformidad, que finalmente se ha producido.

Después de que los acusados hayan aceptado los hechos en la sala y asumido las penas determinadas, todas las partes han manifestado al tribunal su renuncia a recurrir el acuerdo, por lo que éste ha devenido en sentencia firme.

Por otra parte, los tres procesados que han aceptado penas de prisión no cuentan con antecedentes penales, por lo que, tras solicitar sus defensas la suspensión de la ejecución de la pena y aprobar la petición el tribunal, no ingresarán en la cárcel.

El fiscal reclamaba indemnizaciones de 120.000 euros para las familias de las víctimas, además de penas de siete años y medio de prisión para el propietario de la residencia y su hijo -administrador y director en funciones del centro- y el director y un médico del mismo, y les imputaba cinco delitos de homicidio por imprudencia.

Además, una acusación particular añadía la imputación a una enfermera que el día del suceso se hallaba en la residencia.

Los hechos sucedieron el 28 de junio de 2006, cuando una mujer de 50 años y cuatro hombres, de 80, 65, 50 y 30 años, todos ellos con problemas de movilidad causados por disfunciones cerebrales, murieron en el incendio declarado en la residencia San Lorenzo de Brindis, ubicada en el término municipal de Massamagrell.

Según se ha declarado probado, los acusados acordaron que, cuando los internos estuvieran solos en la enfermería, ésta debía cerrarse con llave, lo que provocó que el día del incendio las cinco víctimas, encerradas, no pudieran salir del departamento y murieran atrapadas.

Ese día, uno de los internos encerrados tuvo una actitud violenta y fue sedado por el médico y atado a la cama con correas ajustadas a las muñecas y a los tobillos.

Sobre las 19.20 horas, logró desplazar su cama y coger el cable del compresor de aire conectado al colchón, y, debido a una anomalía eléctrica, se produjo un sobrecalentamiento del mismo que quemó las sábanas y originó el fuego, que provocó la muerte de cinco personas.

El juicio, con tres aplazamientos, se ha celebrado y resuelto más de cinco años después de que sucedieran los hechos, una "circunstancia" que para los letrados de las acusaciones ha jugado a favor de los acusados.

Según ha señalado uno de abogados de esta parte, los años transcurridos han "suavizado" los hechos y "a estas alturas" las familias consideran "razonable" el acuerdo alcanzado, por lo que se sienten "satisfechas dentro de lo que cabe".

La madre de una de las víctimas ha manifestado, no obstante, sentirse "mal" porque considera que el incendio se podría haber evitado "si se hubiera vigilado la sala" donde estaban encerradas las víctimas.

"Mi hijo no tuvo culpa del fuego porque estaba sedado y atado de pies y manos. Cuando sonó la alarma de incendio ya no había nada que hacer", ha lamentado al tiempo que ha insistido en que no quiere dinero sino que le devuelvan a su hijo.