A los empresarios del sector de la dependencia les duelen casi tanto las 40.000 plazas que tienen vacías en sus residencias como la deuda que acumulan desde hace cuatro meses con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La situación se ha vuelto tan insostenible que no han querido ni podido organizar un congreso y se han tenido que conformar con una jornada de ponencias, que han aprovechado para urgir a el pago de las mensualidades pendientes a la Administración.
La factura asciende a 1.268 millones de euros en España, 60 de la Comunitat Valenciana.
"No podemos endeudarnos más", declaró ayer el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, José Alberto Echevarría que centró sus reivindicaciones en varios puntos. El primero, bastante de cajón: exigir que les paguen. En caso contrario, pedirán a los familiares de los residentes que corran ellos con los gastos, aunque no precisaron la fecha de la entrada en vigor de esta medida.
"No podemos cerrar las residencias, porque los ingresados necesitan que un trabajador les lleve la comida a la boca", agregó Echeverría que anunció que el 3 de noviembre la patronal ha convocado un paro al que se sumarán empleados y familiares que se plasmará en concentraciones en la puerta de los centros.
La segunda exigencia es pedir a la Administración que se modifique el baremo del cuidador informal, para que sean los empresarios y no los familiares de los receptores de las ayudas de la dependencia, quienes se hagan cargo de su cuidado lo que, según sus estimaciones, permitiría crear 40.000 puestos de trabajo en España porque la cifra de "nuevos ingresados" alcanzaría los 80.000.
También se oponen los titulares de los centros a que la Administración asigne grados de dependencia a personas catalogadas con el primer nivel mientras muchos de los dependientes severos de grado 3 están aún pendientes aún de recibir la prestación.
El tercera reivindicación que sin duda constituye su gran caballo de batalla será conseguir el aval de la Administración del Estado para abrir líneas de financiación a través de un "confirming", según informó Echevarría.
Sin calendario de pago de Cabré
Por su parte, Alberto Giménez, presidente de la patronal de la Comunitat Valenciana declaró que el conseller de Bienestar Social, Jorge Cabré, con el que se reunió hace dos días no ha podido darles un calendario de pago.
"Esperamos, como nos dijo, que los 150 millones de euros que van a ingresar de la asistencia a los desplazados vayan para la dependencia, porque somos un servicio prioritario", destacó.
Giménez informó que ya hay empresas que han presentado el concurso de acreedores y muchas que desde hace meses no pueden pagar las nóminas de sus trabajadores. Echeverría por su parte añadió que la morosidad de la Administración pone en peligro 200.000 puestos de trabajo en España.
Otra de sus propuestas para salvar al sector es que la Administración contrate con ellos las camas de crónicos por las que cobrarían 100 euros diarios en vez de los 500 que cuestan en la actualidad. Esta iniciativa, según apuntaron, sería una salida a la crisis porque generaría empleo.
