El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha absuelto a Jorge Bellver y los otro cuatros funcionarios acusados de prevaricación urbanística por la construcción del aparcamiento de la Calle Severo Ochoa en los alrededores del Jardín de Monforte. El Fiscal les acusaba de omitir intencionadamente el informe de la Dirección General de Patrimonio, antes de autorizar las obras del aparcamiento, declarado Bien de Interés Cultural.

El tribunal considera que no se puede probar que existiera tal intencionalidad y declara inocentes al concejal de Urbanismo de Valencia y diputado autonómico, Jorge Bellver, y a los otro cuatro funcionarios imputados Juan Casañ, Pedro García, María José Gasull y Juan Antonio Altés. "No se aprecia el más mínimo indicio para poder declarar como hecho probado que existiera connivencia alguna entre los acusados para llevar a cabo ninguna conducta irregular (...), ni que obraran con otra finalidad que no fuera la del cumplimiento de sus funciones en el ámbito de sus respectivas competencias", recoge la sentencia.

Los magistrados puntualizan que "la injusticia de una actuación o resolución administrativa no se identifica con que su contenido no sea conforme a Derecho" y explican que "la decisión inadecuada o incorrecta puede ser producto de un criterio erróneo (...), y el modo ordinario de corregir esa incorrección no es otro que el que proporciona el sistema de recursos en el ámbito administrativo".

"Lo que el Código Penal sanciona como prevaricación no es, desde luego, la equivocación, ni el error, pero tampoco la mera ilegalidad, por grave que pudiera parecer, sino la realización de un acto de manera injusta, torcida o arbitraria, con intención deliberada y plena conciencia del acto injusto que se realiza", hechos que, según sentencia el tribunal, no han sido probados por el ministerio fiscal que ejercía como acusación.

Asimismo, el tribunal se manifiesta contrario a que el proceso haya discurrido por la vía penal y precisa que "no es propio de la competencia atribuida a los órganos de la jurisdicción penal el control de la legalidad de los actos de la administración".

El tribunal estaba presidido por Pilar de la Oliva y formaban parte del mismo los magistrados José Flors y Juan Climent. Contra la sentencia, que no es firme, cabe recurso en el Tribunal Supremo.