Jorge Ignacio Roca Samper continúa desaparecido pese a las varias citaciones del Juzgado número 15 de Valencia para aclarar un presunto fraude de unos 15 millones en el tratamiento de lodos en la depuradora de Pinedo entre 2004 y 2010. A parte de facturar millones de euros e incluso de controlar los procesos por los que había sido contratada, su empresa Adobs Orgànics era también la que establecía los precios que pagaba Emarsa a firmas terceras por el transporte de los fangos.

Este hecho, que denota el control absoluto de la depuradora por parte de personal ajeno y externo a la misma, se desprende de una alegación presentada por el propietario de una de las dos mercantiles transportistas de fangos que trabajaban para Emarsa al solicitarles la firma pública que rebajaran sus precios. El también imputado y portavoz del PP de Albuixech, José Alcácer, aseguraba en ese documento que forma parte del sumario judicial que "los precios no los pusimos nosotros, sino el señor Joan de Eriwin-Adobs Orgànics", la firma de Jorge Ignacio Roca.

Alcácer, propietario de Hispavás, está imputado por haber cobrado a la empresa pública trabajos que presuntamente no realizó por valor de 318.263 euros. El magistrado posee un informe que certificaría que la mercantil del edil no tenía ningún contrato firmado para realizar estos trabajos.

El único compromiso rubricado entre Emarsa y una transportista es con la autónoma Francisca Ruiz (esposa de José Alcácer). En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, Francisca se comprometía a hacerse cargo de "los lodos producidos por todas las instalaciones de la planta de Emarsa de lunes a viernes, los fines de semana y festivos" hasta 2014.

En uno de sus autos, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia recuerda la declaración ante la Fiscalía del portavoz del PSPV en la Emshi Ramón Marí, quien aseguró al ministerio público que "en materia de transporte de lodos se podría estar facturando a dos empresas distintas, Hispavás y la señora Ruiz Sanjerónimo, ascendiendo los gastos de transporte de los lodos en 2009 a unos 299.000 euros y hasta junio de 2010 a 600.000 euros, aproximadamente, sin que se haya incrementado la actividad de la planta depuradora".

Por su parte, el juez baraja abrir a más personas la investigación sobre el fraude en el tratamiento de lodos, según concluye el magistrado en un auto fechado el 20 de octubre. En este documento rechaza el recurso de Notec, una de las firmas cuyo administrador está imputado, y le recuerda que no ve suficientemente aclaradas situaciones de su relación con Emarsa.

El juez instructor cree que se podrían haber cobrado servicios de secado de lodos cuando sólo se realizó un aplicado sobre la agricultura. También tiene dudas sobre el cobro por parte de Notec de 2 millones de euros en 2008 cuando no tenía contrato e investiga sobre el desfase entre la salida de la planta y la facturación final de 2.706 toneladas de fangos en 2010.