La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ha hecho suyo el argumento con el que su antecesor, Mario Flores, presentó los presupuestos de 2011 (sus últimas cuentas): es preferible conservar o acabar las obras iniciadas antes que empezar obras nuevas. Bonig marca la fecha de 2015 como el horizonte a partir del cual la conselleria podrá comenzar a pensar en obras nuevas y licitarlas, lo que coincide con el final de la actual legislatura.

Bonig se reunió hace unos días con los representantes de la Mesa de Obra Pública y el Transporte de la Comunitat Valenciana (constituida en abril por Mario Flores) para analizar "la viabilidad de los proyectos de colaboración público-privada". A esta última reunión acudieron, por primera vez, representantes de entidades financieras (BBVA, el Institut Valencià de Finances y Ahorro Corporación), de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, de Fecoval (Federación de Contratistas) y de las ingenierías y consultorías de obra pública, según han confirmado a Levante-EMV varios asistentes a la reunión

El planteamiento con el que afronta la consellera la legislatura es realista. La lista de obras anunciadas y pendientes ya es considerable. Algunas están a medio ejecutar como la estación del metro con aparcamiento del Mercat Central (que por ahora no tiene continuidad) o la finalización de la línea T-2 de Valencia. En Castelló, la patria chica de Bonig y el presidente Alberto Fabra, la conselleria también tiene pendiente finalizar las obras del TRAM hasta el Grao y conectarlo por el centro de la capital, ya que la conexión metropolitana ya se ha descartado para "otra legislatura". Igualmente, en Alicante está pendiente la inauguración de la línea 2 del TRAM (acabada) y el desarrollo del tranvía hasta l'Altet, solo por citar las actuaciones más costosas con cargo al presupuesto de Infraestructuras y sin entrar en los proyectos pendientes de carreteras o de arquitectura en las tres provincias.

La otra vía abierta por las administraciones, los contratos por concesión o de colaboración púplico-privada, no han cuajado en la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Infraestructuras va a pagar en 2011 un total de 16,1 millones de euros anuales a la concesionaria de la CV-35, Itínere Infraestructuras del Grupo Sacyr-Vallehermoso, pero no siempre ha sido exquisita en el pago. La Generalitat se ha ganado fama de malpagadora ya que se ha retrasado en algunas ocasiones en el pago que debía abonar a la concesionaria (que ya adelantó el coste de ampliar la autovía), una actitud que hace desconfiar a las financieras. De hecho, el único tramo adjudicado de la CV-50 desde hace cuatro años son los 22 kilómetros que conectan Benaguasil y la A-3, entre Cheste y Chiva, aún no han comenzado las obras por problemas de financiación. La concesionaria Autovía Camp de Turia SA (que forman Iridium, propiedad de ACS, y Sedesa) aún no ha logrado que un banco avale los 161,5 millones que costaba en 2009 la construcción de este tramo de autovía.

De ahí que cualquier nueva concesión también se dilatará el máximo posible hasta retrasar a 2016 o 2017 la obligación de la Generalitat de pagar por una nueva concesióna (lo que se conoce como disponibilidad de pago, en el sector). La Generalitat aún tiene pendiente de presentar el Plan Extraordinario de Inversiones que iba a movilizar 2.000 millones por colaboración público-privada.

El presupuesto de la Generalitat de 2012 será aprobado en el próximo pleno del Consell y presentado el próximo lunes. La unificación de "conselleries" tal vez permita maquillar la caída en picado de las inversiones que ha sufrido la Conselleria de Infraestructuras desde 2008. Flores ya tuvo que admitir que para 2011 se reducía su presupuesto un 26,4% (que se sumaba a la caída acumulada del 83,9% en su departamento). Aunque tanto Infraestructuras como Medio Ambiente ya venían lastradas por la herencia recibida. Ambas "conselleries" ya dedicaban el 80% de su presupuesto de 2010 a pagar obras que ya están hechas, e incluso inauguradas, y cuyo pago se pospuso mediante la fórmula del método alemán o pago aplazado.

Viabilidad de las concesiones y revisión del PIE 2010-2020

Según la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, la Mesa de la Obra Pública y del Transporte analizó la viabilidad de proyectos de colaboración público-privada. "Esta iniciativa es un compromiso del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, con el objetivo de invertir en infraestructuras que generen trabajo. Lo fundamental en esta reunión, es ver qué proyectos tienen más viabilidad económica de salir". Bonig añade que "la Mesa de Obra Pública pretende tener una representación de las empresas contratistas de obra pública, de las Cámaras de Comercio, de las consultoras de ingenierías y sobretodo de las entidades bancarias para analizar la viabilidad de los proyectos en colaboración público-privada". Además, en la Mesa de Obra Pública se han tratado otros temas referentes a la revisión del Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010-2020 (presentado hace 6 meses), el análisis de los pliegos del Ministerio de Fomento del AVE a Castelló, informe de demanda y de viabilidad econonómico-financiera del tren de la costa y el impulso a la logística a través de fórmulas de colaboración público-privada.