El Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana, órgano consultivo del Consell y de las instituciones públicas valencianas en materia económica, sociolaboral y de empleo, cuestiona en su dictamen al proyecto de ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2012 las pretensiones de la Generalitat de modificar la ley forestal para que la prohibición durante 30 años de reclasificar suelo en montes que hayan sufrido un incendio pueda ser eliminada invocando el interés general. El CES, institución presidida por Rafael Cerdà y que integra a representantes del mundo empresarial, sindical y de los consumidores, entre otros, advierte en su informe preceptivo -aunque no vinculante- que el Ejecutivo autonómico debe "respetar lo preceptuado en el artículo 50.1 de la norma básica estatal, ley 43/2003". Se trata de la ley de Montes, que fija límites muy concretos frente a la eventual pretensión de las autonomías de regular excepciones la prohibición general, acotándolas a los casos en que la actuación estuviera prevista antes del incendio del monte.
Esto es, que las instituciones ya hubieran planificado, antes que el pirómano, otros usos al margen del forestal. De este modo, la norma estatal expulsa claramente de los posibles beneficiarios de la ley el interés especulativo que pudiera estar tras algunos de los siniestros sufridos por el monte. Una acotación que la Generalitat no ha recogido en su proyecto de reforma legal. El Gobierno valenciano quiere modificar la ley forestal para abrir una vía por la que, "con carácter singular y mediante su declaración como de interés general para la Comunitat Valenciana", poder exceptuar la prohibición de cambio de uso forestal al menos durante 30 años marcada en la ley estatal "mediante acuerdo justificado". Nada más se dice respecto a este "acuerdo justificado", ni límites ni condiciones de la excepción, tras el que la oposición ha visto un posible coladero para recalificar zonas afectadas por incendios forestales.
En cambio, la ley estatal sí impone condiciones. Tras establecer el veto general a cualquier reclasificación, la norma básica permite que las autonomías, "con carácter singular", puedan acordar excepciones "siempre que con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto" en tres supuestos.
Sólo tres supuestos
El primero se refiere a un instrumento de planeamiento previamente aprobado; el segundo, si estando pendiente de aprobación, "ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, ya hubiera sido sometido al trámite de información pública"; y tercero, si existe "una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados con especies autóctonas incultos o en estado de abandono".
En su dictamen, en el que el CES dio el visto bueno al proyecto de ley de medidas fiscales que acompaña a las cuentas de 2012, el organismo incluye una "observación" a la modificación de la ley forestal en la que expresa que para la aplicación de la excepción a la prohibición del cambio de uso forestal de los terrenos incendiados "deben establecerse las máximas garantías que aseguren su finalidad de interés general". "Es decir -prosigue el informe-, debe garantizarse que la excepción está ordenada a la consecución de un bien para toda la sociedad superior a la restauración de unos terrenos forestales incendiados". Y añade: "En todo caso, respetando lo preceptuado en el artículo 50.1 de la norma básica estatal, ley 43/2003".
El vertedero de Dos Aguas
Tras revelar este periódico las intenciones de la Generalitat de acometer esta reforma, la oposición denunció en las Corts Valencianes que la ley de Montes impide el cambio legal. El Ejecutivo ha intentado quitar hierro asegurando que la modificación se realiza simplemente para dar cobertura legal a la ampliación del vertedero de Dos Aguas, que quedó paralizada porque una parte de la instalación afecta a terrenos forestales quemados. La cuestión es si las excepciones acotadas por la ley estatal amparan la ampliación del vertedero de Dos Aguas o el Consell se ha visto obligado a buscar el resquicio para colar esta actuación.
