Ni finiquito, ni indemnización mensual por cese con cargo al presupuesto de las Corts. Los diputados autonómicos han visto cómo todos los intentos de regular el cobro de una remuneración tras perder el acta de parlamentario chocaban contra la opinión pública o contra criterios de oportunidad política. De ahí que ahora se han marcado un objetivo que, con ser más modesto, encuentran mucho más defendible ante la calle e, sobre todo, "de justicia", subrayan. Los portavoces han decidido rescatar la reivindicación de que los diputados tengan derecho a percibir de la Seguridad Social, si el partido o las urnas los arrojan a la intemperie, un subsidio de desempleo como cualquier trabajador por cuenta ajena, como una ayuda para realizar la transición a otro empleo. Una medida que desde las últimas elecciones locales del 22-M comenzó a ser efectiva para los alcaldes y concejales con dedicación exclusiva que perdieron el sillón de munícipes.
El asunto salió a colación ayer tras la reunión a puerta cerrada de la comisión de Gobierno Interior que avaló el proyecto de presupuestos de las Corts para 2012. El encuentro había concluido pero los portavoces permanecían en la sala, pese a que los medios de comunicación aguardaban afuera. ¿Por qué no salen? La explicación es que, al hilo de las críticas sobre las subvenciones a los grupos, surgió la cuestión -fuera del orden del día- del paro de los parlamentarios, un asunto que quedó aparcado a finales de la anterior legislatura y que escuece en los grupos porque no son pocos los exdiputados que tras los comicios del 22-M quedaron sin empleo.
Al final se resolvió que los servicios jurídicos de las Corts elaboren un informe sobre los obstáculos que impiden a la Cámara realizar las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social por los diputados, de forma que éstos, si pierden el escaño, tengan derecho a paro en las mismas condiciones que el resto de trabajadores. Según se apuntó ya ayer, es la misma legislación de la Seguridad Social la que imposibilita esta vía, abocando a los parlamentarios a regular, con cargo a sus respectivos presupuestos, el pago de indemnizaciones por cese. Una vía impopular que, sobre todo por los excesos del pasado, se ha frustrado varias veces. Pero ahora, en los tiempos que corren.
Una vez se disponga del informe, la idea es abrir una negociación, dirigiéndose a las instancias estatales que correspondan, para lograr las modificaciones normativas necesarias. No serían una excepción. Los concejales tampoco gozaban de derecho a paro -una reivindicación histórica de la FEMP- hasta la aprobación de la ley 37/2006 mediante la que se hizo extensible la protección por desempleo a los alcaldes y concejales con dedicación exclusiva, además de a los sindicalistas de alta dirección y a altos cargos de libre designación de la Administración. Tras los comicios de 2007, los alcaldes que se acogieron sólo pudieron percibir un mes de paro, ya que habían empezado a cotizar desde seis meses antes. Pero tras los últimos comicios del 22-M, ya han podido disfrutar de 16 meses por una legislatura en el cargo, 24 mensualidades (el máximo fijado) por seis años. La percepción es incompatible con el cobro de cualquier indemnización por cese.
Precedentes de negociación
En el pasado, las Corts ya han impulsado negociaciones a nivel nacional sobre el régimen aplicable a los parlamentarios. Es el caso del actual convenio con la Seguridad Social, que mejoró mucho la situación anterior, y que lideró el exdiputado popular Martín Quirós. Los portavoces, que han quedado en seguir hablando y concretando el asunto -el presidente, Juan Cotino, no pudo asistir a la reunión-, están escaldados tras los estrepitosos fracasos anteriores.
En 2007 aprobaron un reglamento que regulaba indemnizaciones por cese equivalentes a la última mensualidad completa multiplicada por los años de mandato, que se podían cobrar de sola una vez, para acto seguido ocupar otro puesto. Sólo era incompatible con otro cargo electo o de libre designación. También se incluían las pensiones parlamentarias. Todo ello se anuló y a finales de la anterior legislatura se habilitó legalmente el pago de una indemnización a modo de paro, con cargo al presupuesto de las Corts. Pero el momento electoral y el enrarecido clima político, llevó al Consell a vetar su materialización.
