Cospedal agrava las tensiones en el PP por el agua con un recurso contra el Tajo-Segura

J. L. GARCÍA VALENCIA La aparente pacificación a que había llegado en los últimos tiempos la guerra política por los trasvases -uno de los asuntos que más tensiones territoriales genera en España- ha saltado por los aires en siete días. Primero ha sido Rajoy el que ha sacado del programa del PP el trasvase del Ebro, una reivindicación que el Consell ha abanderado durante ocho años como símbolo del agravio del Gobierno socialista de España, y bajo la cual se llegaron a manifestar en 2003 en Valencia 600.000 personas, según los organizadores.

El segundo conflicto ha surgido ahora: la presidenta popular de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha reclamado que se suspenda el último envío de agua aprobado por la Comisión central de explotación del Acueducto Tajo-Segura. Un envío de 270 hectómetros a Alicante y Murcia para uso de boca y regadío durante seis meses aprobado el pasado julio. El recurso fue presentado a principios de septiembre pero salió a la luz el viernes pasado. Cospedal alega que el envío "daña los intereses legítimos de la comunidad en materia de agua".

Ya en julio sorprendió la tímida reacción de una Junta de Gobierno de Castilla-La Mancha donde el PP de María Dolores de Cospedal acababa de aterrizar tras décadas de gobiernos socialistas con José Bono y José María Barreda. El nuevo Ejecutivo pidió "sensatez" y "responsabilidad" en relación con este trasvase, y los habituales recursos judiciales con que Barreda respondía a cada autorización de una transferencia a Alicante ya parecían agua pasada.

Sin embargo, el clima de entendimiento que se vislumbraba parece haber terminado y la disparidad de posturas en el PP, donde unas comunidades (C. Valenciana y Murcia) son trasvasistas y otras (La Mancha y Aragón) antitrasvasistas, hace reventar el discurso hídrico unitario del partido de Mariano Rajoy.

Durante ocho años fueron los barones del PP valenciano y murciano (Camps y Valcárcel) los que fijaron la posición del PP en esta materia. Rajoy estaba en la oposición y su partido no gobernaba ni en Aragón ni en Castilla-La Mancha. Entonces eran el Gobierno de Zapatero y el de Marcelino Iglesias de Aragón los que se oponían al trasvase del Ebro; y ese mismo partido el que desde el gobierno de La Mancha ponía trabas a los envíos de agua del Tajo al Segura.

Pero los tiempos cambian y con Rajoy a un paso de la Moncloa y con su partido en el poder de las autonomías donde se encuentran las cuentas cedentes de agua, el conflicto interno era inevitable.

En este contexto, ayer desde la Generalitat evitaron polemizar. No hubo ninguna valoración oficial sobre el último requerimiento de María Dolores de Cospedal, una dirigente que en los últimos años ha mantenido una indisimulada falta de sintonía con sus compañeros valencianos a cuenta de episodios como el caso Gürtel o su posicionamiento a favor de la caducidad del Tajo-Segura durante la negociación del Estatuto de Castilla-La Mancha.

Desde Agricultura se limitaron a defender el canal Tajo-Segura "en su concepción actual". "Queremos que se mantenga por su importancia para la economía y la agricultura de Alicante", concluyeron.