Tres vecinos de Orpesa han recibido una multa de 301 euros cada uno de la Subdelegación del Gobierno en Castelló, en base a una denuncia formulada por la Policía Local, por «convocar, organizar y llevar a cabo» la concentración del pasado 9 de agosto ante el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. En dicha manifestación se reunieron una docena de personas para reivindicar mejoras en la zona de Les Amplàries en presencia del presidente del Consell, que inauguraba un puesto de la Cruz Roja. Uno de ellos afirma poseer pruebas para probar que no se encontraba allí, al encontrarse en un acto de conciliación en Castelló.
Sergio Enfedaque recibió el 25 de octubre una apertura de expediente de la Subdelegación del Gobierno por una denuncia de la Policía Local de Orpesa por estar detrás de los actos de protesta en la inauguración de la sede la Cruz Roja este verano. «Me colocaron enfrente de una manifestación en la que no estuve porque me desplacé a Castelló a un acto de conciliación», comenta. «Y, además, tengo pruebas y testigos para demostrarlo». Incluida su comparecencia en el acto de conciliación celebrado en el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación de Castelló.
El lunes 8 de agosto, apunta Enfedaque, se reunió junto con ocho presidentes de edificio más con el alcalde de Orpesa, Rafael Albert, y el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, para hacerles llegar una serie de quejas sobre la situación de la urbanización de la cual son residentes. Por parte del consistorio se llegaron a unos acuerdos que se plasmaron en un acta. En un primer momento este encuentro se programó para el día siguiente, por lo que el ayuntamiento pidió a los representantes vecinales que anunciasen que la reunión ya se había efectuado y que difundieran el acta en las comunidades.
El concejal Fabregat pidió que dos voluntarios se presentaran el día 9 para que leyeran el acta a todos los vecinos que no se hubiesen enterado del cambio de fecha, explica Sergio Enfedaque, que se prestó a colaborar. «A las 11.15 horas leí el acta y sobre las 11.40 horas me fui a Castelló porque tenía que estar en un acto de conciliación, por lo que no estuve en la Cruz Roja. No puedo estar en dos sitios a la vez, y tengo testigos para justificarlo».
Enfedaque atestigua tener documentos para validar su versión. Presenta el acta de conciliación y la firma de tres personas afirmando encontrarse con el desde que dejó el altavoz hasta las 15.00h. Para el denunciado, acusar sin pruebas es un delito «muy grave». «Tengo coartada y la puedo probar, por lo que les ha salido el tiro por la culata», afirma.
Pero va más allá. Explica que en cuanto reciba la respuesta a su recurso va a requerir el expediente completo. «No se puede poner una denuncia así a un ciudadano sin tener ninguna prueba. Voy a requerir sus pruebas y denunciaré a la Policía Local». Mientras se pregunta «de dónde han sacado sus datos personales y asegura que detrás de todo se encuentra el ayuntamiento. En la reunión nos los pidieron y accedí a darlos porque no veía ningún inconveniente. No voy a consentir que esto acabe así».
Otro afectado, Antonio Sánchez, explicó ayer en la Ser que «Fabra les atendió y pidió que le explicaran sus reivindicaciones. A continuación, una trabajadora municipal y el concejal de Urbanismo le pidieron el nombre y el DNI para mantener una reunión y resolver el asunto. Sánchez afirma que le dijeron que no habría represalias». El viernes recibió una denuncia por «organizar y llevar a cabo» esta manifestación. Sánchez considera que le tendieron una trampa desde el consistorio, ya que ningún policía se dirigió a él, y solo le dio el nombre «a la trabajadora municipal y al edil».
Fabregat apunta a la policía
El concejal de Urbanismo Tomás Fabregat, afirma que desde el consistorio no van a entrar a valorar la denuncia porque la policía tiene la autoridad suficiente para actuar según crea conveniente. «A nivel político no tenemos nada que decir porque quien tiene la competencia no somos nosotros». Y se reafirma diciendo que quién realiza la denuncia es la Policía Local porque lo ha considerado oportuno.
Desde la Plataforma Playa Les Amplàries creen que «la culpa es de todos, se trata de un cúmulo de despropósitos que han desembocado en toda esta situación. El alcalde no puede tirar balones fuera ya que es el quien tiene poder sobre la policía y decide sobre esta». Consideran que el alcalde debió parar la denuncia y dialogar.
