La asignatura curricular y obligatoria de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) tiene los días contados, si las encuestas reflejan la intención real de voto. El programa electoral del Partido Popular (PP) para las elecciones generales del 20N, en el bloque dedicado a la enseñanza, señala en su punto 12 la "sustitución" de esta materia por "otra con contenidos basados en el aprendizaje de los valores constitucionales y en el conocimiento de las instituciones españolas y europeas".

Con la estocada a la asignatura se pondrá punto final a una polémica que ha durado seis años, desde que las Cortes aprobaron la Ley Orgánica de Educación (LOE) en 2006, a propuesta del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y con los votos en contra de los populares. Diseñada para impartir en el último ciclo de Primaria y en segundo de la Secundaria Obligatoria los valores democráticos y constitucionales, el contenido de la materia aparece ese mismo año en sendos reales decretos 1513 y 1631. Se trataba de cumplir una recomendación de 2002 del Consejo de Europa.

Desde entonces y hasta 2009, cuando los tribunales de justicia dictaminaron la validez de sus contenidos, la asignatura fue atacada por organizaciones de padres de alumnos conservadoras y católicas, que presentaron recursos contra sus objetivos de formar personas libres con criterios propios.

Su aplicación en las comunidades gobernadas por el PP se llevó a cabo con una especial hostilidad y se convirtió en caballo de batalla contra la política educativa del gobierno central socialista. En la Comunitat Valenciana registró una virulencia de tal magnitud que la Conselleria de Educación, entonces con Alejandro Font de Mora al frente, publicó la orden de aplicación dos años después, en 2008, y con la exigencia de que se enseñara en inglés, cuando apenas hay profesores que dominen esta lengua.

Así, se estableció que hubiera dos profesores en el aula: el titular de la materia, por lo general licenciado en Historia o en Filosofía, y el de Inglés. Además, se permitió la opción B para que los alumnos objetores aprobaran el contenido con un trabajo. La medida provocó las mayores manifestaciones de profesores y padres contra la conselleria de los últimos años.

El Tribunal Supremo declaró que no cabía objeción a la materia mientras que el Superior de Justicia de esta comunidad, en julio de 2009, dio la razón a los recursos de la Abogacía de Estado y el sindicato CC OO contra la orden de la conselleria por lo que anula la posibilidad del trabajo. Desde entonces, la imparte el profesor titular.

Una investigación sobre los libros de texto de EpC , presentada ayer, destaca la politización que se ha hecho de la materia, "usada como arma arrojadiza".