"Desviación de poder", "alteración del destino finalista del patrimonio público del sueldo", "enriquecimiento injusto de la Administración". Son las acusaciones a las que, según un informe jurídico que estuvo en manos del Gobierno valenciano, se hubiera podido enfrentar el Consell, según la fórmula que finalmente adoptara, en caso de haber acometido la modificación del planeamiento de Valencia para levantar las llamadas Torres de Calatrava. El estudio, elaborado por el despacho "Broseta Abogados" por encargo de Calatrava, brindaba una solución que a su juicio justificaba el proyecto pero, de paso, ponía de relieve las dificultades jurídicas que planteaba la operación.
Ajeno a estas complicaciones, el Ejecutivo de Camps se embarcó en la iniciativa. El 31 de mayo de 2005 selló una declaración de intenciones y el 14 de septiembre firmó un contrato con el arquitecto por el que le garantizaba el abono de 15 millones -libres de impuestos- por el proyecto básico, de los que llegó a anticiparle 2,6. Apenas un mes después el proyecto ya estaba paralizado por la incertidumbre sobre el mismo y, finalmente, fue abandonado por su "inviabilidad", tras las sentencias que confirmaron la imposibilidad de cambiar sin más las VPO previstas en el planeamiento por viviendas de lujo, ya que el terreno fue expropiado con fines sociales.
El diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco accedió al documento cuando se desplazó hasta la sede de la empresa pública Ciutat de les Artes (Cacsa) para examinar el expediente del proyecto de las torres. No le permitieron hacerse copia alegando que no formaba parte del proyecto pero tomó notas sobre un contenido que, confesó, le escandalizó por la forma como el Consell "ha despilfarrado el dinero de los valencianos". EU denunció a la Fiscalía los pagos millonarios del Consell a Calatrava por éste y otros proyectos no ejecutados. Aunque el Ministerio Público archivó la semana pasada la denuncia, Blanco anunció que no cejarán y que están "estudiando seguir otras vías judiciales" ante lo que considera un "grave abuso". "Independientemente de que haya responsabilidad penal o no, es gravísimo que un Gobierno decida dilapidar 15 millones en un proyecto del que conocía su más que dudosísima viabilidad", dijo.
No a la vía "menos problemática"
El informe jurídico, siempre según las anotaciones del diputado, hace un análisis de la situación, partiendo de la base de que las viviendas debían ser de renta libre, frente a las 450 VPO que justificaron en el Plan Parcial aprobado ya en su día por el PP, para incluir elementos como el Palau de les Arts y l'Oceanogràfic, la eliminación de las dotaciones públicas (colegios y servicios). Las VPO, indicaba, "inviabilizan económicamente" la operación. El estudio da dos opciones, incluir la actuación en la homologación del Plan General o una modificación del Plan Parcial. La primera era la vía "menos problemática", pero resultaba "inoperante", ya que, apunta, se pretende acometer la iniciativa en un breve espacio de tiempo.
A partir de la segunda opción, el informe advierte de que, según una sentencia, la alteración del destino de las viviendas (de VPO a renta libre) podría ser estimado como "desviación de poder". Los letrados contratados por Calatrava defienden que no hay tal desviación aunque admiten que el TSJCV no lo apreció así, lo que podría ser motivo de "impugnación". En un pronunciamiento anterior, el tribunal ya tumbó el intento del Consell socialista de introducir usos terciarios (comercios y restaurantes).
"Enriquecimiento injusto"
No sólo eso, sino que, a la luz del mismo fallo, también se podría reprochar una "alteración del destino finalista del patrimonio público del suelo". Al respecto, el informe admite que desconoce la causa exacta y formal por la que se expropió el suelo, si bien deja constancia de una sentencia que exigiría el destino a fines sociales y VPO en caso de que el Consell hubiera alegado la incorporación al patrimonio público de suelo. Finalmente, aborda la eventual impugnación por "enriquecimiento injusto de la Administración", para citar una sentencia en contra y otra a favor.
La solución, para los abogados privados según Blanco, es que el Consell justificara en lo emblemático del proyecto la satisfacción de un interés general sobrevenido incompatible con el destino público del uso residencial y que, paralelamente, se habilitara una fórmula jurídica que permitiera a la Generalitat pagar una compensación económica que sólo pudiera destinarse a incrementar el patrimonio público de suelo, equivalente a las 450 VPO que se dejaran de hacer. Previamente, el informe subraya la importancia de justificar bien el mantenimiento del fin social del proyecto para evitar la desviación de poder aunque reconoce que, en tanto que el TSJCV ya se ha pronunciado "en un sentido contrario", el documento estaría sometido a un "riesgo previsible de anulación". Es más que previsible, insiste, que el tribunal mantenga su criterio.
Sobre la fórmula jurídica para que el Consell abonara una compensación económica -el proyecto de las torres debían acometerlo inversores privados-, esta vía entrañaría "cierto riesgo en fase jurisdiccional", ya que el TSJCV podría no admitir esta solución. Pero tenía una ventaja: "Con esta propuesta, podría viabilizarse, a efectos meramente dialécticos, la modificación".
Blanco: "La operación
con Calatrava huele a chamusquina"
"El Consell del PP ha gastado muchos millones en proyectos de Calatrava que no se han realizado y cuya viabilidad era muy dudosa". El diputado de EU Ignacio Blanco no sale de su asombro, ya que, junto a los 2,6 millones abonados al arquitecto por las torres, el Gobierno valenciano pagó otros 2,7 millones por un Centro de Convenciones de Castelló que tampoco ha visto la luz, mientras que por la dársena del puerto de Torrevieja cobró 600.000 euros. "Todo esto huele a chamusquina", enfatiza el parlamentario. En el caso de las torres, Blanco se pregunta, a la vista del informe jurídico que daba cuenta de los importantes escollos legales del proyecto, "qué razones ocultas llevaron al Consell a firmar el contrato y asumir unas obligaciones económicas tan gravosas para la hacienda pública". La coalición ha reclamado más documentación el Ejecutivo para seguir investigando.
