El complejo de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa) es, para Santiago Calatrava, más que un cliente, un mecenas. El arquitecto ha cobrado por el proyecto de cada uno de los elementos construidos y por la ejecución, con sobrecostes de en torno a 700 millones, y dirección de obra. Pero Calatrava ha percibido también emolumentos por el diseño de lo que nunca se ha hecho: las tres torres enroscadas, «un edificio horizontal y un aparcamiento». La Fiscalía Anticorrupción revela que Cacsa no sólo pagó, como hasta ahora había trascendido, los 2,6 millones en concepto de anticipo, «por razón de la documentación presentada» en relación al anteproyecto y proyecto básico. La sociedad pública abonó integramente los 15 millones pactados como honorarios en el contrato rubricado el 14 de septiembre de 2005 por el arquitecto y el entonces máximo responsable de Cacsa, Jorge Vela, hoy director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). El presidente del consejo de administración de la empresa pública era entonces Gerardo Camps. La minuta pactada incluía también la maqueta de los citados edificios, pensados para levantarse en terrenos de Cacsa en el Grau de Valencia. Esquerra Unida aireó ayer el auto de Fiscalía en el que el ministerio público da por cerradas las diligencias practicadas a partir de la denuncia, presentada el pasado 25 de marzo, de este partido por supuesta «prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude a la Administración y a la Hacienda Pública». En el auto se da cuenta, curiosamente, de los cuatro pagos satisfechos a la firma Santiago Calatrava, SA, con la que opera el arquitecto de Benimàmet y que está domiciliada en Zurich.

Fiscalía detalla los cuatro pagos que se hicieron, en cheques nominativos a la empresa. El primero, el único hasta ahora conocido, por 2,59 millones, se abonó dos semanas después de firmarse el acuerdo. El 30 de marzo de 2006 y el 28 de febrero de 2007 se abonaron sendos talones por 6,24 millones de euros. Y entre ambos, un 30 de agosto de 2006, Cacsa pagó 137.290 euros por los planos y maquetas. El documento de fiscalía subraya que un informe solicitado a la Agencia Tributaria desmiente que haya existido «irregularidad alguna» en el pago de impuestos en función de la residencia suiza de este profesional. El convenio suscrito por el país helvético y España, el 26 de abril de 1994, establece que tanto los «beneficios empresariales» como aquellos que se derivan de actividades profesionales no tributarán en España. Este argumento y la constatación de la fiscal jefa provincial de Valencia, María Isabel Ródenas, de que no existe «la figura delictiva del derroche de dinero público por parte de los gestores», resultan determinantes para entender que no hay infracción penal. De ahí que dé carpetazo, si bien indica al denunciante que puede actuar por la «jurisdicción correspondiente».

El portavoz adjunto de EU en las Corts, Ignacio Blanco, avanzó ayer que están estudiando la posibilidad de llevar los pagos a los tribunales, además de «exigir responsabilidades políticas a los gestores que han firmado el contrato y después pagado 15 millones por un proyecto que ya se sabía prácticamente inviable», según se desprende del propio acuerdo. Blanco acusó al PP de dar «barra libre a Calatrava, quien lleva esquilmando las arcas públicas de la Generalitat desde hace años».