El cumplimiento de las condenas de menores delincuentes que no son internados pende de un hilo por los impagos de la Generalitat Valenciana. La Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunitat Valenciana (Apime), que agrupa a la mayoría de entidades encargadas por velar por el cumplimiento de estas penas, ha comunicado a los juzgados de Menores y a la Fiscalía que no va a controlar más medidas de régimen abierto dado que no han recibido cantidad alguna de la Conselleria de Justicia correspondiente a este año. La ausencia de ingresos les ha supuesto una deuda acumulada por la gestión del servicio y el pago a los trabajadores que hacen imposible el abono de los salarios. Todas las medidas que se están ejecutando ahora mismo se seguirán controlando.

La situación podría ser más crítica porque las asociaciones afectadas también gestionan centros de acogida. El colectivo se ha planteado dejar de prestar sus servicios por no poder asumir los costes de funcionamiento.

La Conselleria de Justicia apuntó ayer que las facturas ya están tramitadas y enviadas a Hacienda como urgentes para que se les dé prioridad en el pago. Por ello, se indicó que era cuestión de días que se abonen. Sin embargo, desde fuentes próximas a la asociación se señaló que se han agotado todas las posibilidades de negociación con la conselleria, motivo por el que se celebró una reunión el pasado 10 de octubre en las que se advirtió del peligro de colapso si antes de final de año no se libraba ningún pago.

El colectivo ha comunicado la situación a la Fiscalía, aunque no había trascendido ayer en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Sin embargo, sí una gran inquietud en los juzgados de Menores de Alicante, donde las tres magistradas pidieron a la conselleria que les informara sobre la situación y les aclarara qué medidas iban a adoptar. Fuentes judiciales consultadas por Levante-EMV señalaron que la medida podría suponer la paralización de la jurisdicción de menores ya que la mayoría de las condenas se cumplen en régimen abierto. De hecho, la indignación era patente ayer entre los profesionales que no compren­dían cuáles eran los criterios de la administración autonómica para decidir qué se paga antes. El internamiento en un centro cerrado es una medida que se reserva para los casos graves. La asociación patronal es la mayoritaria en este sector en la Comunitat Valenciana.

Fuentes del sector señalaron que en estos momentos la Conselleria de Justicia adeuda cerca de cinco millones de euros a un total de 26 entidades en el conjunto de la Comunitat Valenciana de las que dependen un millar de menores y que cuentan con cerca de 500 trabajadores. Las mismas fuentes indicaron que existen otras entidades al margen de esta asociación prestando estos servicios, pero que tampoco habían recibido dinero alguno de la Conselleria.

Las fuentes consultadas puntualizaron que los retrasos en los pagos ha sido habituales otros años, donde se ha llegado a percibir el dinero en octubre. Sin embargo, éste ha sido el año que más tarde se ha recibido el dinero, hecho que la asociación considera que ha sido la gota que ha colmado el vaso.