Quince millones por un proyecto de tres torres enroscadas con 450 viviendas de lujo y una viabilidad más que cuestionable por las resoluciones judiciales sobre las expropiaciones de terrenos en la Ciutat de les Arts. Pese a ello, la portavoz del Consell, Lola Johnson, justificó ayer el abono de estas cantidades a Santiago Calatrava alegando que el proyecto es un "activo propiedad" de la Generalitat que se puede ejecutar o vender. Johnson, en declaraciones recogidas por Efe y Europa Press, se pronunció así a instancias de los periodistas tras desvelar Esquerra Unida el día anterior el escrito de la Fiscalía que revela que el Ejecutivo abonó efectivamente al arquitecto, no sólo los 2,6 millones de los que informó en su día la Sindicatura, sino la totalidad de los 15 millones comprometidos en el contrato, de septiembre de 2005, por un proyecto no ejecutado y cuya viabilidad se cuestionaba en el propio documento.
Johnson constató que el proyecto de las torres está "parado" pero resaltó que "es propiedad de la Generalitat", por lo que "en cualquier momento podría, si la situación económica acompañara o si así se decidiera, no sólo económicamente si así se decidiera se podría poner en marcha o vender". "Es un activo, es un dinero que se pagó por unos trabajos que efectivamente se realizaron como se puede deducir del auto del fiscal", comentó. Sobre el coste de únicamente 2,6 millones que se manejaba hasta ahora, frente a los 15 pagados realmente, la portavoz vino a decir que sería porque la oposición había preguntado a otra cosa concreta y no a este aspecto. "Se habrá respondido sobre preguntas concretas a parte de los pagos de los distintos trabajos", dijo, para añadir: "En el auto está detallado el pago de distintos trabajos realizados en distintos momentos y se respondería en su momento a alguna partida concreta", defendió.
La realidad, sin embargo, es que el Consell se ha negado siempre a dar información sobre los pagos a Calatrava (ver al lado). Por ello, la síndica de EU en las Corts, Marga Sanz, mostró sus "sospechas" de que el Ejecutivo escondió, no sólo a la Cámara, sino también a la Sindicatura de Cuentas los pagos al profesional. Y es que, tras la mención de la Sindicatura en la auditoría de 2005 a los 2,6 millones abonados ese ejercicio, los informes de años posteriores siempre se remiten a esa referencia, sin dar nueva información, cuando la Fiscalía ha revelado que hubo sendos pagos millonarios en 2006 y 2007. O el Síndic no consideró interesante añadir esta información o se le había escamoteado, que es lo que cree EU.
Sanz reclamó la comparecencia urgente de Johnson para explicar la situación del proyecto de las torres, y consideró "indecente pagar 15 millones por una iniciativa que se sabía inviable desde un principio". Calificó de "preocupante" la situación, ya que, "pretender hacer creer que van a venderlo al sector privado es absolutamente increíble". El también diputado de EU Ignacio Blanco avanzó que, tras archivar la fiscalía su denuncia, estudian llevar a los tribunales los dos "proyectos fantasma" por los que la Generalitat pagó 18 millones al arquitecto y que no se han realizado: Las torres y el Centro de Convenciones de Castelló. En este último caso, se abonaron al profesional otros 2,7 millones. Sobre los rascacielos, Blanco enfatizó que se pagaron 15 millones, más el coste de las maquetas (137.000 euros), por un proyecto del que "ya se conocía su inviabilidad" por razones legales referentes a los terrenos, por las servidumbres aéreas y porque no hay circunstancias en el mercado para poder ejecutarlo.
Morera: "Saqueo sin culpable"
La socialista Eva Martínez emplazó al presidente Alberto Fabra a iniciar los procedimientos legales para exigir al arquitecto que devuelva los 15 millones que cobró "por un trabajo no realizado". El portavoz de Compromís, Enric Morera, exigió "responsabilidades políticas y judiciales, si las hubiera", y consideró que lo que dice "indirectamente" el archivo de la Fiscalía es que "se pueden saquear las arcas públicas sin que haya responsabilidades, y eso no puede ser".
Una información "confidencial" y para "uso interno"
"Desde el año 1995, ¿qué cantidad, detalladamente y por conceptos, ha satisfecho el Consell al arquitecto Santiago Calatrava en concepto de honorarios profesionales por sus trabajos en la Ciutat de les Arts i les Ciències y en el Ágora? ¿Qué cantidad se le adeuda?" Las dos preguntas las firmó el 29 de abril de 2008 el exdiputado socialista de las Corts José Camarasa, pero jamás obtuvo contestación. En junio, el exconseller de Economía Gerardo Camps le respondió que "esa información se considera confidencial" entre la empresa pública Cacsa y su contratista, "para exclusivo uso interno de Cacsa". "Facilitar esa información a un tercero supondría la vulneración de los derechos de secreto profesional de las partes, motivo por el cual Cacsa tan sólo viene facilitando este tipo de información a la Sindicatura y auditores de cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de las cuentas anuales de la sociedad".
G. Camps no informó en 2008, pero tampoco en junio de 2009. Entonces, como en el informe del síndic referido al ejercicio de 2005, el conseller aludió a los 15 millones comprometidos en el contrato por un proyecto que no se iba a realizar, de los que, por el auditor, sólo se sabía que se habían abonado 2,6. ¿Se le ha pagado todo? Lo preguntó Camarasa insistentemente, pero el conseller, aunque no lo negó, tampoco lo confirmó. En noviembre, Economía tampoco informó, al ser preguntado por este periódico, sobre el dinero pagado efectivamente a Calatrava. Tampoco informó de ello el expresidente Francisco Camps en febrero pasado. La confirmación de que el profesional cobró los 15 millones se supo el martes por la investigación de la Fiscalia, que, sin embargo, archivó la denuncia de EU ya que el "derroche" no está tipificado como delito.
