Decenas de asociaciones y entidades de la Comunitat Valenciana están en pie de guerra contra el Consell por los recortes generalizados que está aplicando. Ayer, fue el turno, de nuevo, de los trabajadores del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), afectados por un ERE que dejará a más de un centenar de ellos en la calle, y del Grupo Valenciano de Drogodependencias (GVDA), que pidió ayer el pago de unos dos millones de euros que le adeuda la Generalitat y que, de no abonarse, podría llevar en quince días al cierre de alguna de las entidades que lo integran.
Unos 200 trabajadores del CIPF se congregaron ayer en el patio interior del centro, bajo los despachos de dirección y gerencia, para lanzar zapatillas contra una hucha en forma de cerdo que llevaba pegado un cartel que rezaba "Soy Rosado" para protestar por la situación del CIPF y por las declaraciones que el pasado lunes realizó el conseller de Sanidad, Luis Rosado, en las que aseguraba que la diabetes no se ha curado en 20 años, "cuando en los 90 un investigador dijo que iba a acabar con ella".
Mientras, miembros del GVDA se concentraron ayer ante la Conselleria de Sanidad para reclamar los dos millones que les debe el Consell. El presidente del grupo, Ramón Cuesta, criticó la política de contratos que la Generalitat quiere poner en marcha a partir de 2012, que solo permitirá concursar a grandes empresas de servicios, lo que puede suponer la quiebra de muchas entidades del GVDA.
Además, los bomberos del Consorcio Provincial de Castelló iniciaron ayer su calendario de movilizaciones en protesta por la gestión del diputado delegado, Luis Rubio. Protagonizaron una concentración ante su sede central en Castelló, donde escenificaron el entierro del consorcio.
Hoy habrá más concentraciones. La Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental se manifestará hoy ante el centro de salud mental Mentalia Puerto para reclamar una deuda de cerca de 13 millones de euros, con partidas sin abonar desde el pasado 2007.
Mientras, la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares con Personas de Alzheimer denunció ayer la grave situación de algunas entidades por los impagos del Consell, que, aunque de poco importe, se prolongan desde 2009.
Las cooperativas no cobran desde junio
La Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV) denunció ayer que un total de 800 profesores y hasta 15.000 alumnos de cooperativas de enseñanza concertadas de la Comunitat Valenciana están afectados por los impagos de la Conselleria de Educación desde el pasado mes de junio. Según informó la UCEV en un comunicado, las cooperativas no han cobrado todavía el pago correspondiente al tercer trimestre del concierto educativo, lo que significa no haber cobrado desde junio las cantidades adeudadas por Conselleria de Educación. efe valencia
