El Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarín, engordó más sus cuentas en Valencia que en Mallorca, donde el juez José Castro investiga, como pieza separada del caso Palma Arena, el presunto desvío de 2,3 millones del Govern Balear a una red de sociedades del duque de Palma y de su socio, Diego Torres, usando Nóos como puente.

La Generalitat pagó al menos 3,95 millones a este entidad supuestamente sin ánimo de lucro para que preparara la candidatura de Valencia para albergar los Juegos Europeos y, especialmente, por las tres ediciones del «Valencia Summit», unas jornadas sobre la influencia de los eventos deportivos en las ciudades que los acogen, nacidas al rebufo del impacto de la Copa del América.

El Consell aprobó una subvención de 3 millones para que Nóos impulsara unos Juegos Europeos anunciados por el expresidente Camps como asunto estrella del debate de política general en 2005. El Consell llegó a pagar, en 2006, al menos 382.000 euros. Los «Summit» corrieron por cuenta de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa) y de la Fundación Turismo Valencia, que preside el ayuntamiento del «cap i casal» y en la que participan la Cámara de Comercio, la CEV o Feria Valencia.

La contabilidad de la Generalitat y la de la fundación Valencia Convention Bureau, revelan que el Instituto Nóos ingresó al menos 877.039 euros sólo para afrontar los «gastos» de desplazamiento y alojamiento de los participantes en estos simposios. Las condiciones pactadas en el convenio rubricado en 2004 por la fundación turística, Cacsa y el Instituto Nóos se estipulaba que la entidad investigada ahora por el juez percibiría 900.000 euros por edición —450.000 de cada parte— además de una cantidad complementaria para «determinados gastos».

En el caso de Cacsa esa dotación se fijó en 172.155 euros en 2006, la tercera de las ediciones, y 170.944 en las anteriores. Turismo Valencia aportó 148.000 euros en 2004 para que Nóos cubriera los gastos de desplazamiento y hoteles de los participantes, mientras que en la segunda de las convocatorias la cantidad se elevó a 215.000 euros.

El juez Castro investiga precisamente el uso de facturas cobradas en Valencia para justificar subvenciones otorgadas por el Govern de Jaume Matas. Lo cual provocó la visita de la policía judicial a la sede de Valencia Convention Bureau, según informaron fuentes del Consell a este diario, el mismo día en que se personaron en la sede de Cacsa y en la Conselleria de Presidencia. Se llevaron el convenio, según las mismas fuentes. Además de la financiación pública o semipública, los «Valencia Summit» contaron con una amplia nómina de patrocinadores privados atraídos por el magnetismo de la tarjeta de presentación del duque de Palma y yerno del Rey.

El principal mecenas fue el Roig Grupo Corporativo, del expresidente del Valencia CF, Francisco Roig, quien aprovechó el evento para hacer un «lifting» a su deteriorada imagen pública, según fuentes conocedoras de los «Summit». Ford, Iberdrola, Bancaja y hasta la Universitat de València o la Politècnica se embarcaron también en aquellas fotos con el marido de la Infanta Cristina.

Esquerra Unida ha anunciado que llevará estos pagos a la Fiscalía y que reclamará de nuevo la documentación que le niegan desde noviembre de 2010, mientras que Compromís se mostró a disposición del ministerio público para darle los papeles. Si los obtiene antes.