Los notarios se oponen a la dación en pago de la vivienda para saldar la deuda con el banco y abogan por una reforma de los contratos de arrendamiento actual para reforzar la posición de los arrendadores y facilitar el desahucio de los inquilinos en caso de impago. Éstas dos ideas las defendió ayer el vicepresidente del Consejo General del Notariado, Joan Carles Ollé, en la inauguración del XI Congreso Notarial Español que acoge Benidorm. En su intervención, Ollé destacó que "la seguridad jurídica es un factor esencial para la reactivación económica de un país, pues genera confianza en los mercados y atrae las inversiones".
Por ello, y para reforzar esta seguridad en las relaciones inmobiliarias, Ollé consideró "preciso" introducir "reformas y cambios" en este ámbito. La primera, respecto a las hipotecas que ahogan al deudor. "En el actual sistema de ejecuciones hipotecarias -dijo-, hay determinadas disfunciones o situaciones perjudiciales o abusivas para el deudor, que es preciso corregir en aras de una mayor equidad. La figura de la dación en pago obligatoria que se está reivindicando desde diversos sectores, tiene el inconveniente que conduce inexorablemente a la pérdida de la vivienda".
Los notarios, aseguró el representante del estamento, son más partidarios de soluciones "mediadoras" que "busquen alternativas a la pérdida de la vivienda de las familias".
Otras medidas que defienden los notarios para aliviar la posición del deudor son "limitar los intereses de demora, claramente excesivos en estos momentos; reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es claramente mejorable en muchos aspectos; potenciar el procedimento de ejecución extrajudicial, más rápido, sencillo y económico; regular el concurso de particulares; o, incluso, estudiar y promover una ley de segunda oportunidad, a la manera de otros países de nuestro entorno, como Bélgica, Alemania o Francia", pidió el máximo responsable de la coordinación de los actos del 150 aniversario de la Ley del Notariado.
Respecto al mercado de alquiler, Joan Carles Ollé consideró que "en la regulación actual de los contratos de arrendamiento hay una insuficiente seguridad jurídica". En este caso, agregó, "para los arrendadores, que podrían ver muy reforzada su posición con una preceptiva intervención notarial que facilitase el desahucio en caso de impago de las rentas".
