Especulación. Burbuja inmobiliaria. Crack del ladrillo. Tres conceptos -hay muchos más- que han colocado en la picota al sector de la construcción desde el inicio de la crisis en 2008. En la diana de muchos desde hace tres años, las Asociaciones de Promotores de la Comunitat Valenciana han decidido decir basta y pedir a las administraciones "una serie de medidas concretas que ayuden a sanear el sector".
"La construcción no sacará sola a España de la crisis, pero dificilmente saldrá el país de ella sin el sector". Así de contundente se mostró ayer José Luis Miguel (presidente de la Asociación de Promotores de Valencia) en un encuentro en que compareció junto a sus homólogos en las provincias de Alicante y Castelló: Jesualdo Ros y Fermín Renao.
Los tres representantes de la construcción presentaron en la Feria Urbe un ambicioso plan a desarrollar hasta 2015, que servirá para "redefinir" el mercado nacional de la construcción.
El proyecto cuenta con cuatro partes centrales -medidas financieras, reducción del stock, agilización del mercado y adecuación de las nuevas promociones- y se desarrolla a través de hipótesis de trabajo coordinadas por expertos.
Dentro de ese escenario de futuro, calculan que será necesaria una aportación total de 23.000 millones procedentes del sistema financiero -citaron expresamente al Banco Central Europeo y al Banco Central de España- que "ayude a mejorar el flujo crediticio entre comprador y vendedor". Como última medida, también requieren la puesta en marcha de una línea de financiación -semejante a las del Instituto de Crédito Oficial (ICO)- para compradores y vendedores. Así, el dinero procedería del sector privado y público.
Primera inyección
El plan -que ya han enviado a Madrid- se desarrollaría a través de diversas fases. En un primer momento, piden la inyección de 8.000 millones -el 10 % para la C. Valenciana-. Dicha suma serviría para la edificación de cerca 100.000 viviendas, que se complementarían con alrededor de las 75.000 que siguen sin venderse. Los promotores estiman que la demanda "real" de casas en nuestro país se sitúa entorno a los 300.000 inmuebles por ejercicio en los próximos años.
A su vez, según los cálculos de los representantes empresariales la reactivación de la construcción aportaría 700.000 puestos de trabajo y 28.800 millones de retorno fiscal al Estado.
José Luis Miguel también se refirió al FROB y a la posible puesta en marcha de un organismo similar para su sector: "la banca ha contado con una herramienta que les ha ayudado a salir de la crisis, pero nosotros no disponemos de un sistema de protección".
Por su parte, Jesualdo Ros expresó que "un reciente estudio sobre la dinámica concreta de la Comunitat nos ha permitido saber que el 58% de los agentes está dispuestos a comenzar una promoción, a pesar de que el 60% cree que la situación es peor que el año pasado. Solo necesitan facilidades y un cambio de mentalidad en las administraciones".
Por último Fermín Renao fijo sus miras en la flexibilización de las hipotecas: "la situación no será siempre la que vivimos ahora, debemos luchar por ayudar también a aquellos que no pueden pagar".
