Los gestores de Emarsa entre 2004 y 2010, ahora imputados por delitos de estafa y malversación de caudales públicos, fueron multiplicando el gasto de la depuradora de Pinedo hasta acabar con un agujero de 17 millones de euros y la liquidación de la empresa pública sin que sus supervisores, la Conselleria de Infraestructuras primero y la de Medio Ambiente después, modificaran ni una sola coma de las cuentas que todos los años le presentaban. José Ramón García Antón y Juan Cotino,validaron unos números que crecieron un 200 % en seis años.
Así, según el convenio entre la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), propietaria de Emarsa, correspondía al presidente de la Epsar, el conseller responsable de Agua de turno, validar las cuentas. De hecho, en los diferentes documentos que investiga el juez y en poder de este periódico se demuestra como hasta dos comisiones mixtas, en las que había técnicos de la Generalitat y de Emarsa, debían velar por que el dinero público que se invertía en la depuradora se gastara correctamente.
De hecho, el convenio rubricado entre la Epsar y la Emshi sólo permitía un aumento de su presupuesto acorde con la subida del IPC (también en los sueldos de los trabajadores). La realidad es que los costes por tratar agua se incrementaron casi un 200 % al pasar de 7,8 millones a 19,5 en seis años.
El primer convenio firmado por un conseller y la directiva imputada por estafa lo rubricó el fallecido José Ramón García Antón, en aquella época titular de Infraestructuras, cartera de la que dependió la gestión del agua hasta 2007. En ese documento, sellado el 26 de febrero de 2004, la Generalitat se comprometía a aportar 7.794.997,25 euros, aunque finalmente abonó casi 10.
Este convenio nombraba una comisión de seguimiento para supervisar los gastos e ir actualizando los costes cada año, según fuera aumentando o disminuyendo el IPC. Este departamento estaba formado por dos responsables de la Epsar, siempre José Juan Morenilla e Ignacio Bernacer, y uno de la Emshi, que solía ser su presidente Enrique Crespo. El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, también acudía pero, como marcaba el propio acuerdo entre instituciones, no tenía voto en la comisión.
Según este documento oficial, la comisión de seguimiento acordaba una propuesta definitiva de gastos que debía «aprobar» el presidente del Consejo de Administración de la Epsar, en este caso el conseller de turno. José Ramón García Antón hasta 2009 y, tras su fallecimiento, Juan Cotino, que asumió la cartera de Medio Ambiente hasta 2011, aunque en junio de 2010 fue cuando se liquidó Emarsa con un agujero de 17 millones de euros.
Durante los años de García Antón como presidente y con José Juan Morenilla como gerente, las aportaciones de la Epsar casi se triplicaron hasta llegar a los 20 millones en 2008. Con Cotino, un año después y con Morenilla en la gerencia consiguieron rebajar los gastos en 1,5 millones de euros. A mitad de 2010 y tras la denuncia del PSPV se reveló que la empresa pública tenía una deuda de 17 millones pese a las inyecciones de capital aportadas por la Epsar y aprobadas por los consellers.
Inspección
Según el mismo convenio, que se fue renovando en años sucesivos, la Epsar «podrá inspeccionar, en cualquier momento, y con aviso para la existencia en su caso, de los técnicos del centro, las obras e instalaciones y los elementos de tipo administrativo, contable o de cualquier otra índole que estime necesario o conveniente para la mayor eficiencia de su gestión, relativos al servicio de depuración de aguas». Es más, se ampliaba a la Emshi la posibilidad de cursar directrices para el mejor funcionamiento «tanto técnico como administrativo». En caso de mal funcionamiento, ambas instituciones podían haber retirado la financiación a Emarsa en caso de haber detectado irregularidades contables o excesos injustificados en el gasto.
Es decir, la Epsar, según el convenio, podía y debía haber actuado como supervisor. Vendría a ser como la función del Banco de España con las cajas intervenidas, un supervisor al que el PP le está exigiendo responsabilidades por los agujeros en las cuentas, más ahora que han recibido dinero público a través del FROB.
Uno de los empresarios que viajó a Rumanía niega tratos con Emarsa
La consultora Coserex niega que su filial en Rumanía haya tenido algún tipo de relación comercial, empresarial o de cualquier índole con Emarsa, ni con las personas o empresas relacionadas con el caso que se está investigando en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. La entidad aclaró que la consultoría no es propiedad de Antonio José Arnal, hermano del exdirector financiero de Emarsa e imputado en el procedimiento, sino que su director y administrador único es Juan Manuel García, socio de Arnal en otras empresas.
Además, explicó que su filial de Rumanía no tuvo «ni la más mínima» relación con Emarsa, ni con las firmas o personas relacionadas con el caso, más allá de haber viajado en cinco ocasiones para asistir a reuniones para el análisis de proyectos que nunca llegaron a ver la luz. Sobre los viajes, Coserex no recibió ningún honorario y, por lo tanto, asumió los costes, dijeron. Aseguran haber aportado toda la documentación al juez.
