La Generalitat, con un 2,32% de déficit en relación al Producto Interior Bruto (PIB) valenciano, casi dobló la media del conjunto de comunidades —situada en el 1,19%— y se colocó como la tercera administración autonómica con más números rojos en el tercer trimestre del año, según los datos que hizo ayer públicos la vicepresidenta económica en funciones, Elena Salgado. En cifras absolutas, el déficit, que supera ampliamente el tope para todo el año (1,30%), es consecuencia de un desfase entre los gastos no financieros (10.595,8 millones) y los ingresos (7.929,3 millones) de 2.432 millones hasta el 30 de septiembre. La valenciana sólo fue superada por otras dos regiones gobernadas también por el PP, Castilla-La Mancha (4,84%) y Murcia (3,03%). Salgado dio a entender que el ministerio llamará la atención al Consell. Inquirida sobre la C. Valenciana, la ministra aseveró que las autonomías que no cumplan los objetivos del déficit «recibirán una llamada de los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda para saber qué ha pasado y qué medidas emprenderán».

Los datos son gestión ya del nuevo presidente, Alberto Fabra, quien asumió el cargo a finales de julio tras la dimisión de Camps. Las cifras ponen en cuestión el Plan de Reequilibrio que el Consell logró en julio que le aprobara Madrid con la promesa de recortar 1.800 millones, incluido el sector público. Sin embargo, la valenciana, junto con otras seis comunidades, no sólo ha reducido su déficit sino que lo ha aumentado respecto al segundo trimestre, al pasar del 1,92% al citado 2,32%. Y eso que la ejecución de septiembre no incluía la factura de farmacia, unos 140 millones.

Con todo, el detalle revela que los gastos no financieros se han reducido respecto al mismo periodo de 2010 un 2,04%, insuficiente ante el descalabro de los ingresos, el 9,07%. Pese a ello, el Consell renunciará a 75 millones al bonificar el impuesto de patrimonio para las grandes fortunas. El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, ha insistido en que los efectos del plan de ajuste se visualizarán en diciembre.

Salgado ve una mejoría global

En conjunto, las comunidades, con un déficit de 12.873,78 millones hasta septiembre (la diferencia entre unos gastos no financieros de 105.071,2 millones y unos ingresos de 92.197,4 millones), se situaron una décima por debajo del objetivo del año y mejoraron los resultados de junio, cuando el déficit global fue del 1,20%. Las cifras son el resultado de unos ingresos no financieros que han caído un 3%, mientras que los gastos han bajado un 2,81% respecto al mismo periodo de 2010. Con el resultado sólo del tercer trimestre, habría un superávit de 192 millones.

Esto permitió a la ministra defender que las autonomías van por buen camino de cara al objetivo del déficit, aunque vio complicado que queden por debajo del 1,3% ya que los últimos meses acumulan más gasto. Descartó nuevas medidas de ajuste para cumplir el objetivo de déficit nacional (6%) porque «no tendría mucho sentido» que las tomara un Gobierno en funciones y porque la Administración central (4,8%), que presentará sus cifras hasta noviembre, va a cumplir.

Un 34,7% más en intereses

Aunque la buena senda va por barrios. Todos los territorios menos el País Vasco (+0,60%) registraron un saldo negativo y sólo seis incumplen el objetivo del 1,3% frente a las once que lo respetan. Diez mejoran sus datos respecto al segundo trimestre (Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja), mientras que siete los empeoran (Aragón, Asturias, Castilla y León, C. Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia).

En el caso de la C. Valenciana, el detalle ofrece datos relevantes: El Consell ha disminuido un 3,39% los gastos de personal (derivado del recorte salarial) pero los de funcionamiento han subido un 4,15%. El nivel de pagos de éstos se sitúa en el 69,14%. También se ha disparado el pago de intereses por la deuda y los retrasos, un 34,7%, hasta sumar 449 millones. Eso sí, la inversión ha crecido un 40,5%, aunque sólo han abonado la mitad (49,82%). El recorte están en las transferencias, que caen un 10,7%, y en la inyección al sector público, un 34% menos.

El Ejecutivo acelera los trabajos para exigir a Rajoy otro modelo de financiación

El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, anunció ayer que convocará al Comité de Expertos de las Corts que se encarga de estudiar el modelo de financiación autonómico para la tercera semana de diciembre con el fin de «sentar las bases del modelo de financiación que desde la Comunitat vamos a propugnar». Vela, en rueda de prensa para informar de los presupuestos de la Generalitat para la provincia de Valencia, indicó que se le está trasladando «con claridad» a Mariano Rajoy que la financiación autonómica es «uno de los pilares fundamentales sobre los que se debe asentar en el futuro» la Comunitat Valenciana. El Comité de Expertos, dijo Vela, deberá, «no solo analizar la liquidación de 2009», sino también definir un nuevo sistema para que, «de una vez por todas», la financiación per cápita de los valencianos se aproxime a la media nacional.

Vela dijo esperar que se sienten estas nuevas bases «no sólo como gobierno, sino como comunidad», ya que está «convencido» de que ese modelo será «fruto del consenso entre todas las fuerzas políticas».

Por otro lado, destacó que el complejo administrativo 9 de octubre, al que empezarán a trasladarse funcionarios de la Generalitat a partir de enero de 2013, no ha costado «ni un euro», ya que los antiguos juzgados de Porta de la Mar se vendieron por 110 millones y el complejo no superará los 105, lo que supone «cuenta con paga». Añadió que permitirá ahorrar 7 millones en alquileres.

A preguntas de los informadres, aseguró que el Gobierno valenciano «va a estar en condiciones de presentar un plan de pagos coherente, cumplible, que alivie de forma muy ostensible la situación de muchos proveedores de la Generalitat» el próximo mes de enero, «gracias a la próximas emisión de bonos de la Generalitat». Vela defendió que hay de «retrasos» en los abonos del Consell a sus proveedores pero no impagos, al tiempo que garantizó que «va a cobrar todo el mundo». Hay retrasos en los pagos que son «difícilmente justificables en muchos casos», admitió, para hacer referencia acto seguido a la situación de los mercados internacionales y los problemas en las renovaciones de operaciones financieras que están teniendo las comunidades.