El pleno de Les Corts Valencianes ha rechazado hoy, por los votos en contra del PP y a favor de la oposición, que si un expresident de la Generalitat es condenado en sentencia firme por un delito contra la Administración pública sea desposeído de la consideración y prerrogativas que recoge el Estatuto de expresidentes.
La iniciativa, planteada por Compromís, proponía cambiar la ley del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat de 2002 para retirar a quienes hayan faltado "a la dignidad y el decoro de las altas funciones ejercidas" prerrogativas como el tratamiento vitalicio de molt honorable, medios materiales (como una oficina o asesores) y la condición de miembros permanentes del Consell Jurídic.
La diputada de Compromís Mònica Oltra ha reivindicado que se deben restringir "a los delincuentes" las prerrogativas y los privilegios pagados por los valencianos que concede esta norma, mientras que el diputado del PP José Marí la ha acusado de buscar el "simple y puro oportunismo político" y actuar de forma "sectaria".
Durante el debate se han hecho varias menciones a la ausencia en el hemiciclo del expresident de la Generalitat Francisco Camps, el único expresident que se ha acogido al estatuto para ser miembro nato del Consell Jurídic Consultiu y quien mantiene el acta de diputado del grupo popular pero no asiste a las sesiones desde julio.
Oltra ha justificado su propuesta en que ya hay un exvicepresidente primero de la Generalitat, Víctor Campos, que es "un delincuente", pues así lo ha admitido ante los tribunales, y que en pocos días se juzgará a Camps, y ha preguntado al PP, si Camps es condenado y "acaba siendo un delincuente", si le dirán a los valencianos que gasten su dinero en "llevar la vergüenza por galón".
Ha indicado que no cuestiona las prerrogativas de los expresidentes "honrados", sino las de los "deshonrados" o condenados, que en su opinión no deberían tener coche oficial, despacho ni asesores, ya que "la dignidad y el decoro se miden por el cumplimiento de la ley" y no hay que confundir privilegios con derechos.
El diputado del PP José Marí Olano ha lamentado el "oportunismo" de una modificación que no aporta "nada" ni tiene por objeto resolver ningún problema no contemplado ya por la norma vigente, sino que solo busca "seguir dando leña al mono, que es de goma", por lo que ha mostrado su rechazo "completo y absoluto".
Marí ha calificado de "acierto" que los expresidentes de la Generalitat gocen de "cierto apoyo y consideración" del pueblo al que han servido, "para seguir sirviéndolo", y ha añadido que contar con "un despacho o un par de asesores no es excesivo en ningún caso", y "todos" los expresidentes han hecho un uso "comedido y austero de estas facultades".
La socialista Cristina Moreno ha dicho que es "inaceptable que un delincuente" sea receptor del "símbolo de respeto" que supone el estatuto del expresidente y ha asegurado que el voto en contra de esta medida supone "seguir aplaudiendo la corrupción y renunciando al buen nombre de la Generalitat".
Marina Albiol (EU) ha pedido la derogación del estatuto de expresidentes, ha cuestionado que el "diputado ausente" Camps cobre más de 57.000 euros al año y tenga despacho, secretaria, chófer y coche oficial y ha asegurado que otros expresidentes no han pedido estas prerrogativas porque "aún se están cobrando los favores prestados".
