El PP pudo haber despejado a febrero el debate sobre el mantenimiento de los privilegios a los expresidentes de la Generalitat condenados por corrupción pero los populares mostraron interés hace días en que el asunto se tratara en el pleno de las Corts de ayer, dos semanas antes del juicio a Francisco Camps por la causa de los trajes del caso Gürtel, el día 12 en el TSJCV. Un proceso que afecta también al exsecretario general de los populares valencianos y diputado autonómico, Ricardo Costa. ¿Dudas sobre el desenlace de este asunto? En todo caso, el PPCV se puso ayer la venda jurídica antes que una eventual herida, y rechazó la propuesta de Compromís, apoyada por socialistas y EU, de modificar el estatuto de los exmandatarios para que se retire a éstos las prerrogativas en caso de condena firme por un delito contra la Administración.

La iniciativa también reclamaba que los privilegios -coche oficial y chófer, despacho y dos asesores- cesen en caso de que el expresidente acceda a funciones de asesor de una empresa privada o pública (a excepción de una empresa familiar o propia), así como establecer la incompatibilidad de su condición de miembros natos del Consell Jurídic (por lo que que se aseguran un sueldo de 57.000 euros al año) con la empresa privada. Con Camps ausente en el hemiciclo, la diputada de Compromís Mònica Oltra se preguntó cómo el PP vota por que "los delincuentes tengan prerrogativas y cómo explicarán a los valencianos esta situación en caso de que Camps sea declarado culpable". "Ya tenemos un exvicepresidente del Consell delincuente", espetó aludiendo a Víctor Campos, que asumió su culpabilidad y pagó la multa en la misma causa de los trajes.

Frente a la iniciativa, el Consell emitió un criterio contrario basándose en el "apoyo mayoritario" que en 2002 obtuvo la ley, votada por PP y PSPV, para argumentar que las sanciones por delito o falta ya se encuentran "debidamente reguladas" en el Código Penal y que la "introducción de un mecanismo de retirada automática" de las prerrogativas "sin tener en cuenta otro tipo de consideraciones, podría dar lugar a situaciones difícilmente previsibles en la práctica". El popular José Marí alegó que la propuesta nace de la "desconfianza y sospecha" hacia los expresidentes y se presenta por "oportunismo político, venganza y sectarismo". ¿Por qué limita su propuesta a los expresidentes y no la amplía a los diputados de esta Cámara?", retó a Oltra.

El PSPV, por boca de Cristina Moreno, señaló que cuando en su día votaron la ley "nadie pensó que un expresidente fuera a estar sentado en el banquillo de los acusados". Marina Albiol (EU) se mostró en contra de los "privilegios" y tras comparar éstos con las pensiones de los trabajadores, sentenció: "Parece que iguales no somos todos".