Como en tiempos de la pesadilla judicial del expresidente Camps por el caso Gürtel, la bancada popular arropó ayer con reiterados aplausos y gestos de cariño a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en su estreno en la tribuna de las Corts para defenderse de las acusaciones de presunta corrupción por la rama del caso Brugal que afecta al PGOU alicantino. Castedo y la diputada de Compromís Mireia Mollà, con la bancada azul del Consell despoblada -ausente el presidente Fabra, sólo estaban Ciscar, Castellano y Hernández-, protagonizaron un áspero debate tras el que los populares rechazaron, a diferencia de lo ocurrido horas antes con Emarsa, la propuesta de la coalición de creación de una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en el PGOU alicantino. "Le está esperando el banquillo, señora Castedo", le advirtió Mollà.
La parlamentaria, aplaudida por los socialistas, basó su petición en un informe policial "que desvela que el bufete de abogados del hermano" de Castedo "realizaba alegaciones que éste mismo estimaba después". Mollà implicó en el "entramado de corrupción" en torno al PGOU al empresario Enrique Ortiz, a Castedo y también al exalcalde Luis Díaz Alperi, sentado en su escaño, y se confesó "harta" de que el PP use las Corts "para proteger jurídicamente" a sus cargos.
Emarsa sí y Brugal no
Le dijo también a Castedo que si tuvo que salir a defenderse a sí misma es por que el PP "le ha dicho que este asunto lo tiene que cargar usted". "La dejarán caer", le avisó. Y se preguntó si los populares han apoyado la investigación de Emarsa porque les da vergüenza, por qué no la autorizan sobre el PGOU. "¡En este caso no tienen vergüenza!", dedujo, para añadir que "a los 'mindundis' de Emarsa los dejarán caer pero el precio de su silencio y el de Alperi es mucho mayor".
Castedo subió a la tribuna y en la bancada popular se hizo un silencio expectante. En tono enérgico, la alcaldesa aseveró que es "absolutamente falso" que el ayuntamiento contratara al bufete de su hermano para hacer el PGOU y que estimara las alegaciones que ellos mismos hicieron. "Solo los técnicos municipales y el equipo redactor tienen potestad legal para resolver las alegaciones", sentenció. Pero además, el bufete sólo elaboró, dijo, 19 de las 3.824 alegaciones presentadas, de las que se desestimaron 4 y el resto eran "rectificaciones por errores materiales".
"Veredicto predeterminado"
El problema, añadió, es que la investigación policial ha sido "sesgada e interesada", de forma que se han "omitido" cuatro informes municipales que a su juicio desmienten las acusaciones. Y ello porque "el investigador partió de un veredicto predeterminado" y "adapta sus investigaciones para que le lleven a este veredicto antes de comenzar la investigación". Al respecto, ofreció a la oposición todo el PGOU, las alegaciones y los informes técnicos. Negó que el PP le endosara la defensa de sí misma, sino que fue ella la que lo pidió porque es "valiente" para "dar la cara". La oposición no quiere una comisión de investigación sino "de ensañamiento", remató.
El socialista Javier Macho lamentó que el PP no quiera aclarar el "mayor intento de estafa" de la historia de los alicantinos y Esther López (EU) sostuvo que los populares no deberían permitir que Castedo "se atrinchere detrás de los tribunales".
