El sector se encuentra tocado, pero lejos de estar hundido. Según el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (Paner 2011-2020), la fotovoltaica debe cubrir en ese horizonte el 3,6 % de la demanda eléctrica total. Existen también políticas colaterales como los planes Renove para edificios, la rehabilitación de cascos urbanos y normativas como el Código Técnico de la Edificación que con ligeras modificaciones pueden disparar de nuevo el desarrollo de la energía solar fotovoltaica sin que eso suponga una carga para las arcas del Estado. Enrique Selva, vicepresidente de Energías Renovables de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), recuerda que los costes de instalación de la solar fotovoltaica han bajado un 70 % en los últimos cinco años, con una curva de aprendizaje muy acusada y con capacidad de recorrido».
El objetivo de la Generalitat Valenciana es que en el horizonte del año 2020 la Comunitat Valenciana disponga de una potencia renovable de 6,242 MW, de los que al menos 1.000 megawatios deberán tener su origen en la energía solar fotovoltaica, lo que supone cuadriplicar la potencia en servicio a finales de 2010.
El futuro, opinan en el sector, es una reglamentación eficiente que prime el autoconsumo de la electricidad y el balance neto entre la energía producida y la consumida. «Este mercado —explica Javier Anta, presidente de Asif—, al quedar fuera del gran mercado de generación, proporcionará un desarrollo solar adicional al actual pero que no estará sujeto a cupos, tarifas y servidumbres económicas ajenos al propio valor de la tecnología».
Dicho de otro modo, nada debería impedir que ciudadanos, empresas e instituciones, ahorren partidas muy importantes de su factura energética, amortizando sus inversiones en dos o tres años, «gracias a las muchas horas de sol que tenemos, al descenso en los costes de la fotovoltaica y los crecientes e imparables precios de unas energías convencionales cada vez más onerosas económica, ambiental y geopolíticamente», asegura Anta.
