La «situación insostenible y dramática» que aseguran estar atravesando los centros de enseñanza privada concertada de la Comunitat Valenciana ante la demora de los pagos para los gastos, desde el mes de julio, por parte de la Generalitat ha llevado a propietarios de colegios a remitir cartas a los padres de sus alumnos. En las misivas recuerdan que algunos tienen que pagar locales de alquiler con riesgo de desahucio y les advierten de la adopción de «medidas públicas de réplica» tras las vacaciones de Navidad que «podrían afectar al normal funcionamiento» de los colegios« con cierres o paros.
La velada amenaza de los titulares de los centros es, como en el caso de los farmacéuticos, consecuencia de los impagos de la Generalitat. El colectivo confiaba en que el 15 de diciembre las conselleria de Educación y de Hacienda cumpliera la promesa verbal de que les abonarían las cantidades para gastos de funcionamiento correspondientes al tercer trimestre (julio, agosto y septiembre). Pasado este día, no han cobrado pero han conseguido una reunión con responsables del departamento autonómico €esperan que sea su titular, José Císcar€ para el próximo lunes.
En este encuentro, los presidentes de las tres patronales: CECE, FERE (religiosos) y Unió de Cooperatives d´Ensenyament, pedirán la «razón del incumplimiento de la promesa de pagarles» hace tres días y elaborarán un calendario de abonos para 2012 que permita a los colegios y academias concertadas hacer previsiones o, en su caso, «pedir créditos para seguir funcionando con cierta normalidad».
Consultados representantes de la patronal, confirmaron esta reunión y señalaron que esperarán a su resultados para adoptar medidas. Aunque no tienen cuantificado el montante total de la deuda, estas fuentes indicaron que lo normal en un colegio de una línea es cobrar de 80.000 a 90.000 euros para estos gastos de funcionamiento. Desde Educación, también señalaron ayer a Levante-EMV la voluntad de pagar a lo largo de la próxima semana.
En la circular a los padres se afirma tajantemente que la Generalitat «incumple» el concierto educativo y se subraya que los colegios «no somos uno más de la lista de acreedores. Como muchos otros, ya no podemos más».
Para algunos de los propietarios de centros concertados, la diferencia con otros colectivos es que «en nuestras aulas hay niños con derecho a un servicio básico para la sociedad como es la educación. Pero está en peligro el sistema de conciertos educativos. La situación insostenible nos podría obligar a denunciar el concierto educativo por el incumplimiento grave« de la Generalitat», aseguran.
Según datos oficiales de la misma Conselleria de Educación en el informe «La gestión de dos legislaturas», en el curso pasado 2010-11 un total de 902 centros eran de titularidad privada y representaban el 35,72 por ciento del sistema educativo valenciano; en sus aulas estudian 256.957 alumnos. El módulo económico que la Generalitat destina a estos colegios (incluido el sueldo del profesorado) ascendió a 674 millones de euros en 2010.
Seis meses sin recibir para luz o limpieza
En la partida que corresponde a los gastos de funcionamiento, los colegios concertados pagan desde el salario y la seguridad social de su personal de administración y servicios hasta el suministro de luz, agua, gas, teléfono. También se incluye el coste de la limpieza, material didáctico, oficina, laboratorio, reprografía, reparaciones ordinarias, el mobiliario y, en algunos casos, el alquiler del local. No está el salario de los profesores porque ellos lo cobran directamente.
El temor de muchos colegios o academias privados concertados es que, al retraso del pago del tercer trimestres se sume el del cuarto, que se cobraba al finalizar diciembre. «Llevaría la situación de los centros a extremos difícilmente sostenibles» afirman.
