El 30 de noviembre de 2006 el Congreso aprobó -por amplia mayoría- la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias de España. Ayer -cinco años y 17 días después- la plataforma que vela por el correcto desarrollo de la normativa en la Comunitat salió a la calle en la ciudad de Valencia para protestar por los impagos y retrasos protagonizados por el Consell.
Denuncian que Bienestar Social tardó dos años en aplicar el reglamento y que "cuando lo ha hecho lo ha hecho mal". Así lo atestiguan las aproximadamente 40 sentencias que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha emitido en contra de la Generalitat por el "incorrecto" pago de las prestaciones. Los dictámenes pueden ser consultados en el centro de documentación judicial del TSJCV. S. C. M. -abogada de la plataforma- ha estudiado las resoluciones y explicó que "éstas son las que conocemos por ser públicas, pero seguro que hay muchos procedimientos en curso". En el sector se habla de 900 juicios pendientes.
Retroactividad
El quid de la cuestión recae en el hecho de que la Generalitat no ha aplicado la retroactividad a la hora de abonar las prestaciones. La letrada explicó que "la ley obliga a la administración a pagar desde el primer momento en el que se pide la ayuda y en la Comunitat han comenzado a retribuir desde la fecha de resolución de la prestación". Tomando como base los dos años de retraso denunciados por la plataforma y la cuantía de las ayudas -590 la mayor y 180 la menor-, las sentencias compiladas ya obligan a Bienestar Social a hacer frente a unas deudas que pueden superar los 10.000 euros.
Jaime Benavent -presidente de la entidad- comentó que "lo que ha hecho la Generalitat es utilizar la ley como pasarela para pagar otros capítulos relacionados con la atención social" y matizó que "la situación de los dependientes es mala, pero hay sectores -como la atención de los menores- que lo están pasando peor".
