Diputados y, en un elevado porcentaje, pluriempleados. Casi un tercio de los parlamentarios de las Corts Valencianes ha renunciado al complemento por dedicación exclusiva de la Cámara al compatibilizar el escaño con otra actividad remunerada, ya sea privada o pública. Así se desprende de la información que la Mesa del Parlamento dio los miembros de la comisión del Estatuto del Diputado reunida la noche del miércoles, a instancias del diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco.

En concreto, 66 de los 99 diputados de las Corts han solicitado el cobro del citado plus, mientras que otros 27 no han podido hacerlo al no cumplir los requisitos para ello. Entre los otros 5 están el presidente y los consellers con escaño, que no cobran de las Corts. La Cámara abona a los diputados un complemento de 365 euros mensuales brutos a los parlamentarios que no perciben ninguna otra retribución periódica tanto del sector público como del privado, salvo trienios y conceptos análogos, así como que no desarrollen ninguna actividad profesional o empresarial sujeta al impuesto de actividades económicas. Tampoco se puede percibir el plus si, no teniendo sueldo fijo, gozan de dietas o retribuciones por asistencias a reuniones por importe superior a 5.000 euros anuales de entidades e instituciones ajenas a las Corts. Los que ganen por estos conceptos menos de 5.000 euros al año sí pueden solicitar el complemento de dedicación exclusiva.

Entre los 27 que no han pedido el plus, hay diez que además han renunciado al cobro del sueldo base como diputado (la "asignación reglamentaria", 2.360 euros brutos mensuales), ya que sus honorarios los perciben de otra institución, como el expresidente de la Generalitat Francisco Camps; el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; y las alcaldesas del PP Rita Barberá, María José Catalá y Milagrosa Martínez y del PSPV José Benlloch. También están los que trabajan para la Administración, como José Marí Olano, abogado del Estado, y Alicia de Miguel y María José Masip, en Sanidad. De los citados, Camps es el único que ha pedido no tener ningún ingreso de la Cámara, de forma que todos sus honorarios los recibe del Jurídic Consultiu, ya que el resto sí percibe las indemnizaciones de las Corts por ejercicio del cargo y de la función y, en su caso, el kilometraje.

Los restantes 17 que no han solicitado la exclusiva se reparten también entre diputados con responsabilidades en la Administración local, como la primera edil de Alicante, Sonia Castedo, quien prefiere cobrar de la Cámara y no de su municipio, aunque los hay también con ocupaciones privadas, como Ricardo Costa -economista y sometido estos días al juicio por la causa de los trajes del caso Gürtel junto con Camps-, así como el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, dueño de una farmacia; Vicente Betoret, alcalde y abogado; Mònica Oltra, de Compromís, abogada en ejercicio; o el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, afectado por la investigación judicial sobre el PGOU alicantino.

Tanto por las funciones públicas como las privadas, el PP tiene la mayoría abrumadora entre los 27 que han renunciado a la exclusiva: 21, el 75%, son populares; 5 pertenecen al PSPV; y dos a Compromís. Los 21 del PP suponen que casi 40% de la bancada tiene otras ocupaciones públicas o privadas remuneradas.