Todo está atado, y bien atado. El pasado mes de junio se alcanzó un acuerdo a tres bandas entre el Gobierno socialista, el grupo popular en el Congreso y la Generalitat para que el municipio valenciano de Zarra, localidad de 566 habitantes del Valle de Ayora, acoja el futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) donde se depositarán todos los residuos de las centrales nucleares españolas. La dimisión como jefe del Consell de Francisco Camps el 20 de julio y la convocatoria de elecciones generales, que hizo 9 días después el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, frustraron el anuncio de la decisión definitiva sobre el emplazamiento del ATC.
Un acuerdo que, si no cambian de parecer sus tres actores principales —PSOE, PP y Consell—, deberá hacer público cuanto antes el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy pues cada día que pasa le cuesta 60.000 euros al exhausto erario público. Esa es la cantidad que abona España a Francia desde el primer día de 2011 por guardar los residuos atómicos que ya no caben en las saturadas piscinas de nuestros reactores nucleares. Es decir, que hasta hoy, cuando faltan dos días para acabar el año, el Gobierno ya ha tenido que pagar 21,78 millones de euros por utilizar los silos nucleares galos.
'Embajador' del PP en el Consell
Según ha podido saber Levante-EMV el mediador de esta triple entente fue el exministro Federico Trillo, entonces y ahora también diputado del PP por Alicante. Trillo, por orden de Rajoy, fue el interlocutor del grupo Popular en el Congreso con el a la sazón ministro de Industria, el socialista Miguel Sebastián, y quien hizo de puente entre el Gobierno de Zapatero y Camps. Cabe recordar que Trillo, coordinador de Justicia del PP, también fue el hombre al que Rajoy designó para que convenciera a Camps de que aceptara declararse culpable, pagar la multa y así impedir el juicio que actualmente afronta por los trajes que supuestamente recibió de la trama Gürtel.
Las negociaciones por el ATC comenzaron a principios de junio y en apenas dos semanas, el martes 14, ya se había llegado a un acuerdo. Ese día, la multinacional Ford unió en un acto en l’Hemisfèric de Valencia al ministro y Camps. En dicho encuentro, en el que la marca del óvalo anunció la mayor inversión en la historia de España en el sector del automóvil al revelar que destinará 812 millones de euros a la planta de Almussafes para la nueva generación del todocamino Kuga y el vehículo comercial Transit Connect, fue la última vez que hablaron en persona Sebastián y el entonces jefe del Consell. Fue allí, en un aparte lejos de cámaras y periodistas, donde ambos ratificaron un pacto que iba a traer otra inversión de más de 700 millones a la Comunitat Valenciana, pero esta vez en forma de cementerio nuclear.
Con la holgada mayoría absoluta en las Corts obtenida en los comicios autonómicos de apenas tres semanas antes, el Consell no consideraba una amenaza para su popularidad el rechazo ciudadano a un segundo complejo nuclear próximo a la central de Cofrentes. Lejos quedaba ya la precampaña electoral en la que el entonces vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, aseguraba que la Generalitat «interpondrá todos los recursos que sean oportunos» contra el Ministerio de Industria si finalmente elige a Zarra para el ATC.
En junio la predisposición a negociar la ubicación de futuro cementerio nuclear era muy distinta a la de 9 meses antes cuando el Consejo de Ministros estuvo a punto de tomar la decisión pero la dejó sobre la mesa tras la negativa de la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. La diputada socialista por Valencia exigía que Sebastián llegara a un acuerdo con el jefe del Consell.
Marcha atrás de Alberto Fabra
Ahora, en el reciente traspaso de poderes, Sebastián ha recordado al nuevo titular de Industria, José Manuel Soria, el pacto alcanzado en junio con el PP y la Generalitat. Sin embargo, el sustituto de Camps al frente del Consell, Alberto Fabra, se desmarcó el martes de dicho acuerdo sobre el ATC al declarar que «el posicionamiento de la Generalitat fue muy claro en su día y es que no queremos —que Zarra- sea utilizado como cementerio de este tipo de residuos». Negativa que Fabra asegura que ya ha trasladado al nuevo ministro.
Finalmente, El portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Corts Valencianes, Lluís Torró, instó ayer a Soria a «descartar definitivamente» el silo nuclear en Zarra.
Un maná atómico en forma de más de 700 millones y 350 empleos
El 14 de junio, una vez Camps dio el sí definitivo al entonces ministro de Industria socialista, el «parto» del Almacén Temporal Centralizado (ATC) tocaba a su fin. Si se mantiene el pacto entre PSOE, PP y Consell, el futuro cementerio nuclear traerá un pan debajo del brazo para Zarra y otros cuatro municipios en 20 km a la redonda: Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Ayora.
A cambio de guardar 7.000 toneladas de residuos nucleares de alta actividad durante 60 años, el Valle de Ayora recibirá un inversión directa de 700 millones de euros en la construcción del silo más otros 17 millones en carreteras y siete en impuestos que ingresarán cada año los cinco ayuntamientos. Además, generará unos 350 empleos directos entre vecinos de la comarca durante cinco años, reduciendo el paro a la mitad.
