El president de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró ayer que el Ejecutivo autonómico se personará en la causa en la que se encuentra imputado Iñaki Urdangarin por su gestión al frente del Instituto Nóos si los servicios jurídicos de la Administración autonómica lo consideran necesario. Y es que de las instituciones valencianas, Nóos se llevó 4.521.000 euros por las tres ediciones del Valencia Summit en los años 2004, 2005 y 2006. Por estos contratos están imputados dos exdirectores generales de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de Valencia, Jorge Vela y José Manuel Aguilar.

En este sentido, Fabra explicó que "como se ha hecho en otras ocasiones para defender los intereses de la Comunitat Valenciana", la más reciente en el conocido como "caso Emarsa", el Ejecutivo se personará en la causa "si se han visto lesionados los intereses" de la autonomía. "Las personas públicas tenemos que ser un ejemplo para la sociedad; quienes hayan tenido un comportamiento irregular o censurable han de someterse al juicio de la propia sociedad y de los tribunales", añadió.

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha citado a declarar como imputado a Iñaki Urdangarin el 6 de febrero para interrogarle sobre los negocios realizados con la comunidad de Baleares y con la Comunitat Valenciana, por los que "haya sido perceptor de fondos públicos".

La Justicia nvestiga al duque de Palma y a su socio Diego Torres por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en los convenios con la Generalitat y el Govern balear.

Según el fiscal, "la operativa consistía en que por el Instituto Nóos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba", y añadía que luego la Administración "simulaba la contratación de servicios ficticios", de manera que los fondos públicos acababan "en manos de mercantiles controladas por Torres e Urdangarín".

"La única finalidad perseguida con la asunción o toma de control del Instituto Nóos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro", afirma el fiscal. Añade que de esta manera conseguían varios objetivos: aparentar que no querían lucrarse, rodearse "del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas" de la asociación y "evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos".