La exdirectora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Elisa Maldonado, imputada en la pieza separada del caso Palma Arena en la que se investigan las actividades del Instituto Nóos, admitió en su declaración ante el fiscal y la policía el pasado 1 de diciembre que amañó un informe técnico para justificar el primer contrato de la Generalitat Valenciana con la entidad que presidió el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín. Tal como adelantó Levante-EMV, parte de las diligencias prácticadas en Valencia €la fiscalía y los policías adscritos a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) interrogaron a patrocinadores privados y altos cargos€ iban encaminadas a averiguar si Cacsa falsificó documentos para justificar sus pagos a la entidad sin ánimo de lucro. Las sospechas fueron confirmadas, según se desprende del sumario del caso al que ha tenido acceso este diario.

Maldonado, que fue responsable de gestión de Cacsa entre 2003 y 2008 y que en la actualidad es gerente del Museo Picasso de Málaga, aseguró a preguntas de los investigadores que «por orden de su jefe», el exdirector general de Cacsa y actual responsable del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela, se redactó a posteriori un informe técnico para justificar la contratación del Instituto Nóos. «Cuando la Sindicatura de Cuentas detectó que en el convenio con el Instituto Nóos no se habían respetado los principios de publicidad y concurrencia, Jorge Vela ordenó a la declarante ´vestir el santo´, es decir, redactar un informe técnico en el año 2005 con fecha de 2004 para intentar cubrir las apariencias de no necesidad de publicidad y concurrencia», según recoge el acta de declaración de la imputada.

Además de Maldonado, permanecen imputados en la causa Jorge Vela, a la sazón hermano del conseller de Hacienda, y el también exdirector de Cacsa, José Manuel Aguilar. Cabe recordar que la empresa pública aportó, según las cuentas realizadas por este diario a partir de documentos oficiales, más de dos millones de euros, de los que 1, 5 millones corresponden al canon anual de 522.000 euros (450.0000 más IVA) que se pagó al Instituto Nóos por la realización de tres ediciones del foro deportivo Valencia Summit. La otra mitad del canon la asumió la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, controlada por el Ayuntamiento de Valencia.

En su declaración Maldonado, que abandonó su puesto por diferencias con Vela, asegura que la fórmula elegida para contratar con Nóos €un contrato-convenio sin ningún tipo de concurso ni publicidad€ debió venir «de altas instancias». Mantuvo que cuando preguntó el motivo por el cual no se iniciaba un expediente de contratación típico, Aguilar (en 2004 director de Cacsa) le respondió que «porque estaba detrás el señor Iñaki Urdangarín». Maldonado admitió su mala relación con Vela €se marchó, dijo porque estaba desprofesionalizando la gestión€ si bien entiende que era «un cabeza de turco» porque «quien mandaba era Gerardo Camps (exvicepresidente del Consell) , Luis Lobón y José Luis Villanueva (ex altos cargos)».

También Jorge Vela apuntó al exresponsable de Economía del Consell, Gerardo Camps, como valedor político de la decisión de prorrogar durante dos años el contrato con Nóos. En varias ocasiones, durante el interrogatorio, Vela mantuvo que cualquiera de sus decisiones «tenían que venir autorizadas por el presidente del consejo de administración» de Cacsa, puesto que ocupaba Gerardo Camps. La «orden» de seguir contratando con Urdangarín partía de él.

Abogados de la Generalitat asistieron a Vela pese a la posible incompatibilidad

El actual director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, compareció ante el fiscal y la policía asistido por el jefe de la Abogacía de la Generalitat y de un letrado de los servicios jurídicos a pesar de que la Administración valenciana puede ser perjudicada en la causa. De hecho, según consta en el sumario, los abogados fueron advertidos de la posible «incompatibilidad», pero insistieron en comparecer ante la instrucción policial. El Consell, de hecho, ha anunciado que podría personarse en la causa.

La investigación en Valencia se saldó con el interrogatorio de quince personas entre cargos de Cacsa y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau y trabajadores de Cacsa. Del contenido de los interrogatorios se evidencia que, al igual que ocurrió en Baleares con la organización del Forum Turismo-Deporte, los pagos al Instituto Nóos escaparon a cualquier tipo de control. Llama la atención que todos los responsables de Cacsa y la fundación dependiente del ayuntamiento se desentienden de la génesis del contrato. Vela mantuvo ante los investigadores que se limitó a prorrogar un acuerdo que ya existía mientras que los responsables de la Convention Bureau €el director gerente, José Florentino Salinas y el vicealcalde, Alfonso Grau€ adjudican a Cacsa la redacción del convenio. Aunque algunas de las declaraciones son contradictorias entre sí € Aguilar niega la supuesta conversación con Maldonado sobre la fórmula de contratación€ todos los imputados y testigos coinciden en que el precio del canon lo estableció el Instituto Nóos. Todos también, a excepción de Aguilar, vienen a reconocer que la presencia del yerno del Rey en el Instituto fue clave para la firma del convenio. En su declaración, Aguilar €director de Cacsa cuando se firmó el primer convenio€ defiende la rentabilidad del contrato. De los testimonios, principalmente de los trabajadores de Cacsa, queda claro también que el convenio vino impuesto. La entonces responsable de la asesoría jurídica de Cacsa indicó que el convenio se redactó siguiendo las «directrices» de Aguilar. «Tanto las bases y los precios como las directrices le venían impuestas con todo detalle sin margen para establecer ninguna modificación».