La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía con más oficinas en el extranjero, cuyos funcionarios podrían integrarse en las embajadas españolas si la Generalitat acepta la propuesta lanzada ayer por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo.

Esta autonomía cuenta, según datos de 2010, con 23 delegaciones en el exterior, cifra solo superada por las 48 de Cataluña, una de las comunidades que ya ha dado la espalda a esta medida.

El vicepresidente del Consell, José Císcar, valoró ayer la propuesta de García-Margallo de concentrar en la estructura del Ministerio a los funcionarios de las autonomías en el exterior, ya que es "bienvenido" todo lo que sea "austeridad, optimización de recursos y eficacia", según dijo.

Sin embargo, la mayoría de las comunidades todavía no se ha querido pronunciar, consultadas por EFE, sobre esta propuesta para evitar duplicidades y que las comunidades ahorren gastos de representación en el exterior.

Según los últimos datos ofrecidos por el anterior Gobierno central, las comunidades contaban el pasado año con cerca de 200 oficinas en el extranjero, principalmente de promoción económica y turística.

Las autonomías con más oficinas en el extranjero, de las 192 existentes, son, además de Cataluña y la Comunitat Valenciana, Andalucía (22), Asturias (17), Galicia (12) y Murcia (12), con datos todos ellos correspondientes a 2010.

Ahora la cifra es inferior puesto que algunas comunidades, como Castilla-La Mancha y Asturias, han eliminado su oficina en Bruselas después de que tomaran las riendas de sus ejecutivos María Dolores de Cospedal (PP) y Francisco Álvarez-Cascos (Foro de Asturias).

Los primeros Gobiernos autonómicos que han mostrado su apoyo a la iniciativa de García-Margallo han sido los de Cantabria y La Rioja.

El Ejecutivo riojano, presidido por Pedro Sanz, ya le ha transmitido al ministro, tanto en una conversación telefónica como por carta, que está de acuerdo con integrar a la funcionaria que trabaja en la oficina de Bruselas en la embajada española.

Con esta medida se ahorrarían 60.000 euros anuales para el Gobierno autonómico, que considera que el trabajo que realiza esta persona se mantendría con las mismas características, aunque dentro de la embajada.

Cantabria apoya también esta iniciativa para crear sinergias y "hacer las cosas más sencillas", además de poder ahorrar costes en la labor de promoción de la comunidad en el exterior, según la Consejería de Innovación, Turismo y Comercio.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha puntualizado que los canarios tienen "una serie de singularidades que no tiene Cataluña o el País Vasco ni ninguna otra comunidad", por lo que cree que deben mantener esa representación para defender sus intereses.

Otras comunidades han decidido no posicionarse todavía sobre esta propuesta hasta que no sea detallada, como es el caso de Galicia, País Vasco, Castilla y León, Navarra y Andalucía, cuyo presidente, José Antonio Griñán, ha aclarado que su región "no tiene embajadas".

Cataluña, la comunidad con más oficinas, ya ha avisado de que mantendrá su perfil propio en el extranjero y ha descartado que su personal se instale en las embajadas españolas, aunque ha insistido en que tiene la voluntad de "colaborar en lo que se pueda" con éstas.

El presidente catalán, Artur Mas, ha dejado claro que la Generalitat no se "subsumirá" en el Estado para hacer su política de acción exterior, centrada ahora en aspectos económicos y culturales, si bien ha insistido en que no dará "la espalda a las embajadas".

El Gobierno catalán aprobó la semana pasada un plan de reestructuración de sus oficinas en el extranjero que, entre otros objetivos, busca reducir costes y centrar la atención en áreas geográficas imprescindibles para la internacionalización de las empresas catalanas.