El Instituto Nóos quiso cobrar nada menos que seis millones de euros a la Generalitat por organizar los Juegos Europeos. El acuerdo, que finalmente se cerró por la mitad (tres millones de euros), no llegó a fructificar, si bien el Consell que presidía Francisco Camps abonó 382.000 euros a la entidad que presidía el yerno del Rey por los trabajos previos. El consultor Miguel Zorío, uno de los muñidores junto con el Instituto Nóos de la idea de organizar en Valencia este evento deportivo, reveló en su declaración judicial que el socio de Urdangarín, Diego Torres, le enseñó un borrador en el que figuraba la cantidad de seis millones. Zorío, responsable de la empresa Lobby Comunicación, es el cuarto imputado valenciano en la investigación judicial sobre el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarín, según se recoge en el sumario.

El que fue vicepresidente y portavoz del Valencia CF con la directiva de Vicente Soriano trabó una relación empresarial intensa con el Duque de Palma y su socio Diego Torres, que se reflejó en intercambios de mediaciones y hasta en un supuesto cruce de facturas que los investigadores atribuyen a la intención de eludir obligaciones fiscales a base de rebajar beneficios, incrementar gastos y reflejar actividades que no llegaron a desarrollarse.

En realidad, Zorío fue el primero de los imputados valencianos (los otros tres son los dos exdirectores de Cacsa y la directora de operaciones de la firma pública) ya que el instructor empezó a tomarle declaración como testigo el día 24 de noviembre pasado y ante las revelaciones que hacía interrumpió el interrogatorio para comunicarle que estaba imputado, una condición que ha mantenido oculta hasta que se ha levantado el secreto del sumario.

El interrogatorio a Zorío evidencia la estrecha relación con los responsables de Nóos y cómo el consultor valenciano estuvo al tanto de los entresijos de las negociaciones entre la Generalitat y la entidad para la fallida organización del evento deportivo. También de cómo Zorío engordó los ingresos de su empresa a costa de un foro que nunca vio la luz. Lobby Comunicación fue contratada por el Instituto Nóos para llevar sus relaciones con la Administración valenciana y con los medios de comunicación. Por esta función cobró entre 2006 y 2008 más de medio millón de euros. En concreto, 540.000 euros, sin IVA, por llevar la comunicación de un evento que se malogró y que se encargó a Nóos por decisión de campus, según el consultor.

El fracaso se debió, de un lado, al «error» de no haber pedido autorización al COI, a las desavenencias entre el Instituto y la Generalitat, sobre la justificación de los pagos. «Nóos entendí que era un proyecto "llave en mano" y por lo tanto no tenía que justificar el destino de los fondos públicos que recibía, mientras que la asesoría jurídica de la Generalitat entendía que el Instituto Nóos debía justificar mediante la presentación de contrafacturas cada euro que recibía de los fondos públicos», explicó Zorío a los investigadores. Esto, añadió, motivó que la relación entre ambas partes se deteriorara.

Zorío al Fiscal: «Urdangarín me dijo que Torres le robaba»

Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres acabaron como el rosario de la aurora después de una provechosa colaboración en torno al Instituto Nóos. Las disputas monetarias abrieron una brecha insalvable entre el duque de Palma y el académico. El empresario de la comunicación Miguel Zorío trabajó para ambos en la Comunitat Valenciana, colaboró con ellos en la organización de eventos sufragados con fondos públicos y fue testigo del divorcio. Zorío relató a la Policía Nacional las confidencias que le hizo un dolido Urdangarín a finales de 2008. «Me dijo que habían discutido. A partir de ese momento, solo tuve relación con el», explica. Un día, el empresario recibió una llamada del duque de Palma. «Me comentó que había analizado las cuentas del Instituto Nóos y que había detectado que Diego Torres le estaba robando». Previamente, el exprofesor de Esade le había confesado una versión distinta. Este se quejaba de que el yerno del Rey «no trabajaba» y «habían tenido problemas con el reparto de beneficios».