Ahorrar en lo pequeño para gastar en lo grande. Esta parece ser la consigna que ha empezad0 a extenderse en las autonomías mediterráneas tras la decisión de la Conselleria de Sanidad de copiar el modelo balear y aplicar a partir del uno de enero una tasa de tres euros por cada tarjeta sanitaria SIP que se duplique.

A diferencia de los vecinos baleares, aquí no se ha podido recurrir al argumento de la caducidad de la tarjeta para justificar la implantación de esta tasa, porque los documentos SIP que se emiten en la Comunitat Valenciana no tienen plazo máximo de utilización, por eso el supuesto más frecuente de los tres que se contemplan para exigir el pago de los 3 euros será el del deterioro del documento informático, algo que inevitablemente ocurrirá.

Los otros dos motivos son el extravío o el robo y el hurto cuando no se aporte denuncia ante la Policía, Guardia Civil o juzgado.

En la instrucción interna que la Conselleria de Sanidad ha hecho llegar a todos los centros de salud especifica que desde el uno de enero de 2012 se exigirá el pago "por las actuaciones administrativas que conllevan los duplicados de la tarjeta, siempre que se expida a solicitud del interesado".

Quedan excluidos de pagar la tasa las personas que acrediten que no tienen recursos y los titulares de la tarjeta solidaria.

No obstante, el mayor engorro no será tanto abonar este mini impuesto, sino el procedimiento administrativo habilitado para justificar el pago que habrá que realizar en una entidad bancaria tras rellenar un formulario (el modelo 046), que está colgado en la web de la conselleria y que deberá estar disponible en los centros de salud para los usuarios que no manejen internet o carezcan de impresora.

Fuentes consultadas por este periódico indicaron que cuando una tarjeta sanitaria se deteriora el propio sistema informático deja de reconocerla, por lo que al usuario no le queda más remedio que renovársela, ya que cuando acuda a la farmacia el propio lector la rechazará y no podrá conseguir los medicamentos.