Enrique Crespo, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación Provincial de Valencia, no se plantea dimitir en sus cargos pese a que el juez que investiga el saqueo de la empresa pública Emarsa le atribuye cuatro nuevos delitos fiscales que se suman a los de estafa, malversación y delito societario por los que ya estaba imputado. Por su parte, el también vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Moncada, Juan José Medina, reivindicaba ayer la «presunción de inocencia» para su teniente de alcalde y «mano derecha», el teniente de alcalde Luis Botella de las Heras. Medina dijo que no le retiraría su confianza pese a que el juez del caso Emarsa lo había incluido como imputado por los nuevos delitos fiscales incorporados a la causa.

Según un auto del juez Vicente Ríos, que investiga el denominado caso Emarsa, un informe pericial de Hacienda incluido en la causa a instancias de la Fiscalía contempla cuatro nuevos delitos vinculados al fraude fiscal, amplia en ocho personas más el número de imputados y ordena una investigación exhaustiva del patrimonio y bienes de todos los imputados—27 en total— sus cónyuges y familiares.

Inocente

Enrique Crespo reivindicó de nuevo su inocencia respecto del último escándalo de caso Emarsa: el ingreso de 360.000 procedente de Suiza en una cuenta del político. El vicepresidente de la Diputación reiteró que el ingreso procedía de la venta de un inmueble a un matrimonio suizo formalizada ante un notario de Alicante y que «nada tiene que ver con los hechos investigados en Emarsa».

El inmueble, según fuentes próximas al diputado, está recogido en la declaración de bienes que Crespo realizó hace unos meses cuando renovó al frente de la alcaldía de Manises. La declaración incluye, según las fuentes, «dos inmuebles», entre ellos el vendido al ciudadano suizo, aunque como es habitual solo por el valor catastral de esa vivienda, 130.000 euros, lejos el precio de mercado: 360.000 euros.

En conjunto, Crespo declaró sin detallar bienes inmuebles valorados en 203.495 euros a los que sumó 220.225 euros en «otros bienes» y una deuda de 50.000 euros El inmueble, según las fuentes, lo compró a finales de 2003 y lo alquiló en octubre de 2004 al mismo ciudadano, de nacionalidad suiza, que ha acabado comprándolo en 2011.

Sin dimisiones

El abogado Luis Botella de las Heras, teniente de alcalde por el PP en el ayuntamiento de Moncada e imputado en la causa tras la investigación realizada por los inspectores de Hacienda, no respondió ayer a las llamadas de este diario.

Juan José Medina, alcalde de este municipio, donde Botella de las Heras ha ejercido como alcalde accidental, admitió haber hablado ayer con él. Dijo que lo encontró «preocupado» —tiene un despacho profesional abierto como abogado—?y dispuesto a comparecer en el juzgado para «acreditar su inocencia».

«Hace tiempo, cuando su nombre apareció vinculado a Emarsa hable con él y me transmitió que su única relación con la empresa fue la del ejercicio del derecho privado en su papel de abogado y con el correspondiente contrato mercantil», explicó Juan José Medina. El diputado admitió también que había hablado sobre el asunto con su equipo de Gobierno aunque la consigna es «mantener la presunción de inocencia» y esperar a que el imputado comparezca en el juzgado «y pueda aclararlo todo». Mientras tanto, añadió Medina, no habrá ningún cambio en el estatus municipal de Luis Botella de las Heras.

El portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, dijo ayer que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, «están amparando al principal imputado en el caso Emarsa» Enrique Crespo. Gaspar les ha reprochado esta actitud, les ha recriminado que «por el bien de la institución y por la dignidad de la Política, Crespo debe irse». «Debería haberlo hecho ya y más después de haber hecho pequeñas las cifras de la corrupción del caso Gürtel», recalcó.

­Ciscar pide «tolerancia cero» y espera que el PP adopte medidas más duras contra la corrupción en su congreso

El vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, se mostró confiando en que las modificaciones de los estatutos del PP que se adoptarán en el próximo congreso nacional del partido incluyan medidas que permitan apartar de sus cargos a dirigentes políticos imputados en supuestos casos de corrupción. Ciscar, se expresó de este modo, al ser preguntado por los periodistas sobre la conveniencia de adoptar medidas preventivas contra la corrupción después de los últimos escándalos en la Comunitat Valenciana, entre ellos el caso Emarsa, el caso Gürtel o los negocios de Iñaki Urdangarín en la Comunitat Valenciana. El vicepresidente, a la sazón vicesecretario del PP valenciano, destacó que el Gobierno valenciano tiene muy claro que hay que tener «tolerancia cero con la corrupción» y aplicar la máxima «el que la hace la paga», si bien advirtió que en ocasiones de han cometido «muchas injusticias» por no tener en cuenta la presunción de inocencia y condenar de antemano a los sospechosos. «Ha habido gente cuyo caso se ha archivado finalmente pero han pasado por un calvario totalmente injusto e innecesario, y hay que ir con mucho cuidado», resaltó Ciscar, quien recordó que el PP ha propiciado comisiones de investigación y se ha personado como acusación particular en causas de presunta corrupción como el caso Emarsa. La reflexión de Ciscar sobre las medidas que podría tomar el PP en su próximo congreso nacional tiene fundamento. Cabe recordar que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha sido elegido para redactar los nuevos estatutos, por lo que todo apunta a que Ciscar estaba adelantando que el PP nacional podría recuperar de alguna manera el código ético que se aprobó en su día para apartar a los imputados de la vida pública. Preguntado por si finalmente la Generalitat se personará como acusación particular en el caso Palma Arena, Ciscar indicó que en estos momentos carecen de «información suficiente» sobre el caso.