Radiotelevisión Valenciana (RTVV) adjudicará a finales de febrero mediante un concurso el plan de reestructuración de Canal 9, Ràdio 9 y el ente público, que contempla ajustes laborales sobre los 1.800 profesionales de plantilla.

El próximo miércoles está previsto que el Consejo de Administración de RTVV apruebe el pliego de condiciones para sacar a concurso la elaboración del informe de reestructuración de las tres empresas, según han informado a Efe fuentes del ente. El Consejo habría de convocarse hoy para poder celebrarse el miércoles, ya que se requieren 48 horas de antelación, y a las 14 horas todavía no se había convocado, aunque es previsible que se haga esta tarde. El pliego de condiciones recoge que en seis semanas se resolverá el concurso, es decir, se conocerá la empresa encargada de confeccionar el plan de ajuste.

Este proceso se desarrollará "en paralelo" a la aprobación de la nueva ley de RTVV, que reforma la actual normativa vigente desde hace 27 años (1984). El anteproyecto de ley de RTVV, aprobado por el Gobierno valenciano el pasado 23 de diciembre, apuesta por su carácter público, un sistema mixto de financiación y la elección por Les Corts de los consejeros y director general con un mandato de seis años.

Contempla transformar RTVV y sus sociedades (Canal 9 y Ràdio 9) en una única sociedad mercantil, íntegramente participada por la Generalitat, que se denominará Grupo Radiotelevisión Valenciana SA. Se reducirá el número de miembros del Consejo de Administración, que se compondrá de nueve consejeros, y que, al igual que el director general del ente, serán elegidos por Les Corts con un mandato de seis años, renovable una sola vez por un periodo de tres años.

El anteproyecto también prevé la suscripción cada tres años de un contrato-programa entre el Consell y el Grupo, que contemplará las aportaciones con cargo a los Presupuestos de la Generalitat destinadas a la prestación del servicio público encomendado. El nuevo modelo de financiación englobará la financiación privada, basada en la publicidad, y la pública, que no contemplará actividades ajenas a la función de servicio público.