"Señor Camps, no haga gestos, ya no sé cómo explicárselo"

Climent, antes de comenzar la vigésima sesión del juicio, ha solicitado a Camps que se adelantase un poco en su asiento para poder verle mejor o, si no, que el abogado de Costa, Juan Casanueva, se desplazase de su sitio. Tras ello, ha empezado la vista con la declaración de un perito, funcionario del Ministerio de Economía y Hacienda.

Transcurrida una hora desde el inicio de la sesión, el magistrado ha llamado la atención a Camps y le ha dicho: 'Señor Camps, por favor, estése quieto, no haga gestos de aprobación o desaprobación de lo que dice quien sea. Ya no sé cómo explicárselo. No haga gestos por favor, solo le pido eso', le ha espetado.

Ayer también le llamó la atención en dos ocasiones, la primera de ellas --mientras declaraba el auditor de Cortefiel-- por utilizar el teléfono móvil, y la segunda por hacer gestos mientras tenía lugar la declaracion de dos agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF).

Ésta no es la primera vez que el magistrado presidente llama la atención al expresidente del Consell desde que se inició el juicio ante los gestos que realiza y las conversaciones que mantiene con su letrado, e incluso, en una ocasión le ha advertido con expulsarle de la sala si no cesaba en su actitud. Estas advertencias obligaron a Climent a cambiar de sitio a los acusados y a desplazarlos hacia la derecha para poder verlos mejor.

Pagar dos veces por los mismos servicios

Un funcionario del Ministerio de Economía y Hacienda ha sido el último perito en prestar declaración. Ahora toca el turno de las documentales.

Gómez ha prestado declaración esta mañana en calidad de perito a petición del abogado de la acusación popular (PSPV), y ha relatado ante el tribunal el contenido del informe que elaboró el 13 de abril de 2010 tras solicitárselo el titular del juzgado Central de instrucción de Madrid.

El perito ha explicado que su escrito se fundamenta en estudiar el sistema de contratación de distintas administraciones públicas --entre ellas la Generalitat valenciana-- con las distintas empresas del grupo Correa. Según ha dicho, el sistema de contrataciones en la Comunitat era "similar" al de otras autonomías, en cuanto al uso de contratos menores --de cuantía inferior a 12.000 euros y sin publicidad ni concurso-- y de adjudicaciones.

El perito ha relatado que analizó 85 expedientes de la Comunitat, de los que 76 se tramitaron con contratos menores y un total de nueve con expedientes administrativos. En total, 17 centros gestores --entre consellerias, fundaciones y empresas públicas-- contrataron con nueve empresas de la trama. También ha concretado, respecto a contratos menores, que no existía la posibilidad de impugnarlos porque no había un proceso abierto.

En cuanto a adjudicaciones, el perito --quien ha afirmado desconocer el porcentaje exacto de los contratos dados por parte de la administración valenciana a empresas del grupo-- ha indicado que en algunos casos --también en la Comunitat-- se pedían ofertas a tres empresas del mismo grupo, por lo que el precio se pactaba entre las mismas.

Si no era así, ha comentado que "se valoraban criterios objetivos con una puntuación baja, mientras que la más alta se dejaba para criterios subjetivos como la creatividad o el diseño". También se fracturaban contratos mayores para evitar los expedientes administrativos, ha dicho.

Ha puesto el ejemplo de la adjudicación de Fitur 2005. Al respecto ha explicado que pese a que se adjudicó a Orange Market, luego se dejó al margen a dos consellerias --Territorio e Infraestructuras-- para que pudieran tramitar otros expedientes del evento. Estas dos entidades --ha agregado-- contrataron con las mismas empresas y fraccionaron el importe "que debería de haber salido a concurso". Preguntado por si era necesaria la autorización del presidente de la Generalitat para este tipo de adjudicaciones, ha contestado que no, aunque sí una "comunicación" al gabinete de Presidencia.