Ya no quedan dudas de que la extracción es la mejor opción preventiva frente a un implante mamario de la controvertida marca PIP. Los últimos en sumarse a la recomendación que hace tres semanas dio el Gobierno francés y que hace dos días trasladó el Ministerio de Sanidad español han sido los cirujanos plásticos quienes a través de las sociedades nacionales e internacionales se han mostrado partidarios de retirar estas prótesis.
Casi dos años ha costado que las autoridades sanitarias se pronunciaran sobre un problema de salud que afecta en el mundo a unas 300.000 mujeres, 10.000 de la Comunitat Valenciana y 639 de éstas por un proceso de reconstrucción oncológica.
Sin embargo, los cirujanos han puesto una pica en Flandes al resaltar que "no existen pruebas" que relacionen las prótesis PIP con la aparición de tumores, si bien los especialistas sí han admitido que pueden producirse "complicaciones inflamatorias" por la rotura de las mismas, lo cual constituye "una indicación de explantación inmediata".
La red de cirujanos
La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre) ha ofrecido su red de cirujanos a las mujeres que se sientan desatendidas o ignoren quien es el profesional que las operó.
La entidad ha aconsejado a las portadoras de prótesis que consulten la marca de la misma en la tarjeta de implantación, que es obligatoria, y que en caso de haberla perdido soliciten una copia en el centro donde fueron intervenidas. Cuando se confirme que es de la marca PIP, la Sociedad le aconseja que visite al cirujano que realizó el implante, quien solicitará los exámenes clínicos y radiológicos adecuados (mamografías, ecografías mamaria y axilar, Resonancia Magnética..) para valorar el estado de la mujer.
La Secpre recomienda también que se contacte con las asociaciones de afectadas y que en caso de que la portadora no sea partidaria de la extracción, se haga un seguimiento clínico semestral
Por otra parte, ya son 1.200 las mujeres de toda España que han contactado con Eva Martínez, la valenciana residente en Burjassot que ha puesto en marcha la primera asociación nacional de afectadas que a finales de enero celebrará en Valencia la asamblea constituyente en la que se dará a conocer la reivindicación de que la sanidad pública se encargue de los explantes no solo de las pacientes oncológicas, sino también de las que fueron intervenidas en clínicas privadas, como acaba de decretar el servicio público de salud de Gales que anunció que costará todas las operaciones y los reimplantes.
El equipo de abogados de la asociación española dará a conocer las demandas que se van a plantear que serán "contra todos los responsables", ya sea el fabricante Jean-Claude Mas, el distribuidor o los médicos que no notificaron los casos de rotura a las autoridades sanitarias.
"Todas nos las queremos quitar porque nadie quiere tener en su cuerpo un gel con aditivo para carburante", agregó la presidenta que lamentó que todavía no se haya hecho un análisis de la genotoxicidad de las prótesis.
Por otra parte, más de 500 mujeres latinoamericanas se constituirán como parte civil en la investigación judicial abierta en Francia por homicidio y daños involuntarios contra la fabricante de los implantes PIP, según informó ayer a EFE su abogada, Marie Alimi.
